Grave violación constitucional
LISTÍN DIARIO denuncia formalmente ante el país y ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha sido víctima de una grave violación constitucional a sus derechos, tras el atropello contra dos de sus reporteros y el Defensor del Pueblo en las instalaciones del centro de retención de vehículos en El Canódromo, anteayer.
El despojo y eliminación de la memoria de los equipos electrónicos usados por uno de nuestros periodistas, cometido por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) constituye un acto gravísimo contra la libertad de prensa, por varias razones:
-Porque el teléfono de la flota de este diario, ilegalmente incautado por los agentes del atropello, fue vaciado de toda su data –y no sabemos si copiada– antes de ser devuelto al LISTÍN ayer, lo que constituye una flagrante censura indirecta y una violación al derecho a la privacidad y al secreto de las fuentes.
-Porque la manipulación del equipo implica también una gravísima intromisión en la vida de un periodista, cuyo derecho al secreto profesional está reconocido en el artículo 49 de la Constitución. Ese secreto profesional puede estar eventualmente en riesgo si la Digesett copió la data antes de eliminarla.
-Porque no ha mediado ninguna orden de autoridad judicial competente para la revisión de los textos digitales, fotos y vídeos de la memoria de dicho equipo, justamente los que ponen en evidencia los actos de violencia perpetrados contra esos periodistas y el Defensor del Pueblo, impidiéndoles recoger noticias en el centro de retención.
-Porque, con esa sola acción inicial, se ha violentado el sagrado principio del acceso a la información en fuentes públicas o privadas, y se han ocultado pruebas palmarias que podrían permitir a la justicia identificar a los autores de tan bochornoso atropello.
Si eventualmente la data fue robada, tal acción se tipificaría también como un acto delictivo al violar las normativas de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
El LISTÍN DIARIO condena estas prácticas represivas porque afectan derechos ciudadanos y garantías fundamentales ya que, al quedar impunes o toleradas por las máximas autoridades, pueden abrir los cauces al irrespeto y descalabro de las libertades públicas, esenciales para sostener la democracia.