Sin derecho a sueldo

El gobierno trata de saber cuántos de sus funcionarios y empleados están todavía sin vacunarse contra el Covid.

El Ministerio de Administración Publica ha dado un plazo hasta el martes para que las instituciones gubernamentales suministren esa lista.

Esta es una excelente iniciativa.

Pero podría malograrse si todo se queda en la formalidad de un aviso, a la espera de que, por voluntad propia, o cuando les dé la gana, funcionarios o empleados decidan vacunarse.

Lo cierto es que esta decisión no debe ser vista como un necesario cumplido, sino como una impostergable obligación del Estado de proteger a sus servidores y familiares, induciéndolos a la vacunación.

Para que verdaderamente funcione, es preciso acompañar la disposición con un mensaje que advierta que los servidores que no cumplan con los esquemas de vacunación, no podrán cobrar sus salarios.

Y, más adelante, habría que establecer la sana exigencia de requerir tarjetas de vacunación a los que deseen entrar en restaurantes, centros privados, oficinas públicas y salas de cine, entre otras.

Esto ya se está haciendo en muchos países que extreman las precauciones y las medidas de protección frente al Covid.