Un crimen contra la sociedad

Un crimen contra la sociedad

Si el Ministerio Público es, por mandato constitucional, una especie de escudo de la sociedad para protegerla de la criminalidad, su misión jamás puede quedar empañada por flaquezas, desviaciones ni actos que la desnaturalicen.

La Carta Magna estableció claramente que su papel es defender el interés público y por eso le concedió la facultad, como órgano del sistema de justicia, de aplicar la política del Estado frente a todo lo que colida con las leyes, sin contemplaciones, pero sin violar sus propias funciones.

Y para garantizarle el cumplimiento de esa responsabilidad le dio autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, procurando que actúe con sentido de independencia, algo de lo que lamentablemente ha carecido por largo tiempo.

Resulta asombroso y escandaloso, ahora, que el propio Ministerio Público, a través de su brazo persecutor de la corrupción administrativa, revele que las pasadas autoridades de ese órgano incurrieron en prácticas contrarias al correcto tutelaje de la ley.

De ser ciertas las acusaciones y cabalmente demostradas en los tribunales, estaríamos frente a un inaudito crimen contra la sociedad, configurado en las denuncias de licitaciones amañadas, manipulación de expedientes, espionaje ilegal, estafas al Estado, sobornos, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Tantos pecados juntos, atribuidos a una supuesta coalición de funcionarios en clave de asociación de malhechores, bastarían para que la sociedad reclame el régimen de consecuencias que se corresponde con la gravedad del daño denunciado.

La justicia tiene que recobrar la confianza y la credibilidad que ha perdido, a lo largo de los años, por culpa de la venalidad de jueces y fiscales, por los maniqueísmos desde el poder y de los políticos y por su incalificable renuncia a cumplir su rol como órgano independiente al servicio de la sociedad, no contra ella.

Más desvergüenza no podemos seguir permitiendo.