¡Pobres discapacitados!

En la masiva oleada de “desvinculaciones” de personal de instituciones gubernamentales, los discapacitados han sufrido en carne propia la dura realidad del despido.

La ley que ampara su inclusión en puestos del sector público o privado ha sido pasada por alto en algunos casos.

A la hora de “desvincular personal” ciertas instituciones del gobierno afectaron a los discapacitados, aunque nos informan que algunas de ellas los han restablecido en sus puestos, como prometió el presidente Abinader.

La Ley 5-13 establece que es obligatorio para las instituciones públicas cumplir con una cuota de cinco por ciento de sus puestos para las personas que padecen limitaciones físicas y sensoriales.

Para el sector privado, la cuota es del dos por ciento si cuentan con un personal de al menos 25 empleados.

Lamentablemente, esa ley no ha sido cumplida de manera estricta.

La pandemia y el cambio de gobierno han conspirado contra los discapacitados dominicanos.

Por eso a los responsables de las “desvinculaciones” no les importó llevarse de encuentro a decenas de ellos, en franco irrespeto no solo a la ley sino al principio de la inclusión social y a la misma dignidad y necesidades de los afectados.

El Presidente debe ordenar que se reviertan esas cancelaciones. Por un acto de justicia y de humanidad.