Se impone una congelación de precios
Bajo el estado de emergencia que rige en el país a causa de la pandemia del Covid, algunos derechos civiles elementales han tenido que ser restringidos por razones de fuerza mayor y de necesidad nacional.
Cabe, entonces, al amparo de este contexto excepcional, proceder a una inmediata congelación de los precios de algunos artículos básicos de la canasta familiar, hoy atrapados en el círculo vicioso de la inflación.
Si de suma necesidad es la protección de la salud, ante los ataques del coronavirus, así debe asumirse la prioridad de fijar topes máximos a ciertos precios, como parte de un conjunto de iniciativas para frenar la escalada.
Es apremiante recurrir a todas las medidas que sean pertinentes para proteger la economía popular y, por vía de consecuencia, la paz social que podría quedar amenazada por estas alzas.
Factores externos, como los altos precios del petróleo que desencadenan carestía de los combustibles locales y la generación eléctrica, las subidas de los fletes del transporte aéreo y marítimo y las limitadas ofertas de materias primas o insumos para la agricultura y la industria, son los causantes principales de esta situación.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha tomado, dentro de las estrecheces propias en que encontró el país, una serie de medidas para estimular la producción y proteger el comercio, también con carácter excepcional.
Tales son los préstamos a tasa cero para la producción de alimentos, incentivos a las pequeñas y medianas empresas, excluyéndolas de los pagos de anticipos, subsidios a productores y programas populares de ventas de alimentos a bajos precios.
Una política temporal de límites o congelación de precios, similar a la que se está aplicando en Argentina y otros países bajo el estado de emergencia, no resiste más demoras en imponerse.