Una vez ejecutado el acto sin precedentes de allanar e incautar documentos de la Cámara de Cuentas en los que dice haber hallado “pruebas de corrupción”, la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tiene ahora el irrenunciable compromiso de hacerla castigar por los jueces.

Le favorece, en primera instancia, la amplia percepción del público de que esa cámara era corta de vista para descubrir gruesas indelicadezas en el manejo de entidades públicas y casi paralítica a la hora de denunciar y procesar las anomalías detectadas por sus auditores.