EDITORIAL
El imperio de la transparencia
Ante un país anonadado al conocer las multimillonarias sumas del erario distraídas por particulares, el anuncio del presidente Luis Abinader de crear un nuevo andamiaje para la transparencia ha suscitado amplías expectativas.
La lucha contra la corrupción administrativa en el Estado, para la cual existen mecanismos legales y normas, solo tendrá éxito cuando responda, auténticamente, a la voluntad política y personal de quien dirija los destinos nacionales.
En este caso ha sido el propio presidente Abinader quien se ha comprometido solemnemente frente a la sociedad a asumir el reto de llevarla a cabo, para romper así una tradición política de promesas demagógicas que auguraban el fin de la corrupción, fomentándola o tolerándola a lo calladito.
“Para quien les habla, ninguna otra acción del gobierno que presido es tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo de progreso y modernidad que merece nuestro país”, ha dicho el gobernante.
La instalación de mecanismos y controles para asegurar la transparencia en el manejo de las cuentas oficiales, las licitaciones, compras y nóminas, sin las llamadas trabas cautelares que se preservan en la Ley de Acceso a la Información, que será sometida a una reforma, es un paso decisivo en esa dirección.
En apoyo a esta iniciativa, anunció la formación de un gabinete de transparencia, un subdirector antifraude y políticas de contraloría y auditoría de las instituciones oficiales, para contener cualquier propósito malsano de sustraer o distraer los fondos públicos, una de las más pecaminosas tentaciones de los políticos que miran al gobierno como un botín propio.
Para darle mayor credibilidad a sus intenciones de luchar contra la impunidad en los actos de corrupción administrativa, el Presidente ha prometido librar una cruzada por la recuperación del patrimonio distraído, recurriendo a distintas firmas de abogados que, constituidas en actores civiles, actuarán en los tribunales de justicia con tales fines.
A la vista, esta es la acción anticorrupción y pro transparencia más contundente que presidente alguno haya asumido para enfrentar este viejo y dañino flagelo a la institucionalidad y la democracia del país.