Esta vez no puede fallar

Por años, el ministerio público ha de­fraudado las expectativas de una me­jor justicia en nuestro país, sobre to­do la que la sociedad espera contra la corrupción administrativa.

Desde expedientes mal instrumentados, tra­tativas complacientes con criminales, desfal­cadores o procesos embrollados para que no lleguen a ninguna parte, el rol fundamental de ese ente vital de la justicia no ha sido cabal­mente cumplido.

Huelga entrar en detalles sobre las flaquezas im­putables a su accionar, algunas de las cuales han quedado en evidencia en los juicios disciplinarios o suspensiones de fiscales que han entrado en alianza con gente que ha delinquido.

Esas tratativas se dan unas veces por vía del maridaje político, otras por la sumisión al po­der y, en no pocos casos, por el efecto del chan­taje de los que le huyen a la cárcel, o por culpa de una venalidad aprendida o tolerada.

Ahora que está en manos de figuras que sí pueden actuar con independencia del Poder Ejecutivo, ese ministerio público no le puede fallar otra vez a la sociedad, a la cual se debe como custodia de sus derechos e intereses fun­damentales.

Tiene que blindarse en el manejo y proce­samiento de las pruebas que está reuniendo para castigar la corrupción administrativa, a fin de que el esfuerzo por judicializar los ro­bos u operaciones fraudulentas de los recur­sos públicos responda al debido proceso y no se caiga.

Más que nada tiene que responder a las espe­ranzas de una ciudadanía que, emocionalmente, ha confiado en que la postergada batalla contra este flagelo será librada, con firmeza y auténtico sentido de justicia, por encima de los fuerzas e in­tereses que siempre han envilecido su rol.

Que no les tema ni a las bravuconadas ni a las osadas aventuras que se suelen desatar cuando ha pisado fuerte algunos callos o cuan­do los delincuentes perciben que tienen el lazo de la punición cerca de sus gargantas.