Esta vez no puede fallar
Por años, el ministerio público ha defraudado las expectativas de una mejor justicia en nuestro país, sobre todo la que la sociedad espera contra la corrupción administrativa.
Desde expedientes mal instrumentados, tratativas complacientes con criminales, desfalcadores o procesos embrollados para que no lleguen a ninguna parte, el rol fundamental de ese ente vital de la justicia no ha sido cabalmente cumplido.
Huelga entrar en detalles sobre las flaquezas imputables a su accionar, algunas de las cuales han quedado en evidencia en los juicios disciplinarios o suspensiones de fiscales que han entrado en alianza con gente que ha delinquido.
Esas tratativas se dan unas veces por vía del maridaje político, otras por la sumisión al poder y, en no pocos casos, por el efecto del chantaje de los que le huyen a la cárcel, o por culpa de una venalidad aprendida o tolerada.
Ahora que está en manos de figuras que sí pueden actuar con independencia del Poder Ejecutivo, ese ministerio público no le puede fallar otra vez a la sociedad, a la cual se debe como custodia de sus derechos e intereses fundamentales.
Tiene que blindarse en el manejo y procesamiento de las pruebas que está reuniendo para castigar la corrupción administrativa, a fin de que el esfuerzo por judicializar los robos u operaciones fraudulentas de los recursos públicos responda al debido proceso y no se caiga.
Más que nada tiene que responder a las esperanzas de una ciudadanía que, emocionalmente, ha confiado en que la postergada batalla contra este flagelo será librada, con firmeza y auténtico sentido de justicia, por encima de los fuerzas e intereses que siempre han envilecido su rol.
Que no les tema ni a las bravuconadas ni a las osadas aventuras que se suelen desatar cuando ha pisado fuerte algunos callos o cuando los delincuentes perciben que tienen el lazo de la punición cerca de sus gargantas.