El misterioso embrujo del “barrilito”

Si criticable y punible es va­lerse de la autoridad para beneficiarse de negocios con el Estado, igual lo es le­gislar en su favor, en térmi­nos pecuniarios, como lo han hecho los congresistas con el “barrilito”.

Ellos mismos aprobaron repartir­se, en montos porcentuales a la po­blación que representan, parte de los dineros del presupuesto de am­bas cámaras legislativas, dizque para realizar obras sociales.

Pasándole por alto a un principio universal que establece que quien aprueba las leyes de recaudación de fondos para el Estado no puede re­caudar pero mucho menos adminis­trar el presupuesto, los legisladores -con escasísimas excepciones- se han hecho reos de este pecado.

Tal como ocurre con fondos dis­tribuidos sin mayores requisitos de transparencia en su uso, los benefi­ciarios del “barrilito” no se sienten en la obligación de rendir cuentas de esos dineros, pese a que constitu­yen una innecesaria sangría al presu­puesto del Congreso.

Esa misma falta se les imputa a los alcaldes que tampoco remiten a la Cámara de Cuentas los informes de ejecución de sus presupuestos, bur­lando las normativas legales en ese sentido.

El hecho de que algunos congre­sistas hayan renunciado a recibir sus “barrilitos” es el mejor indicio de la razón ilegítima de ese fondo, que no es otra cosa que un auto-reparto del dinero de los contribu­yentes, logrado desde la ventajosa categoría que les da su condición de hacedores de leyes.