Opinión

El almacén de la impunidad

Con 326 expedientes de manejos irregu­lares de fondos y otras ilicitudes frisa­dos en sus archivos desde hace 17 años, la Procuraduría Especializada de Perse­cución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha devenido, prácticamente, en un bochor­noso almacén de impunidades.

Esta escandalosa realidad la ha sacado a la luz la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien también ha cuestionado que ese departamento, llamado a ser el brazo ejecutor primario en la lucha contra la corrup­ción, sólo se limitara a hacer “investigaciones selectivas” de tales expedientes.

Presumimos que la selectividad era un indicio, an­tes oculto o solapado, para el encubrimiento de casos de envergadura, lo cual desdice de la fun­ción y la responsabilidad que se le ha asignado a ese departamento clave del ministerio público.

¿Y ahora qué pasará?

¿Quedarán frisados esos expedientes o las nue­vas autoridades, fieles a su consigna de que ‘va­mos con todo y por todos’, los desempolvarán y los esclarecerán para limpiar, al menos, algo de esta vergüenza nacional?

El solo hecho de esta acumulación injustificable de expedientes engavetados es, en sí mismo, tan grave como el delito implícito en ellos, porque equivale a dar carta de impunidad a los infractores, protegién­dolos de toda acción punitiva de la justicia.

En aras de la transparencia que ha prometido fo­mentar este gobierno, lo que cabría es dar a cono­cer al país el listado de esos expedientes para deter­minar su nivel de gravedad o daño a la cosa pública junto con la identidad de los comprometidos.

Escamotear esos expedientes por tantos años constituye una sombra y un lastre para la justicia, que solo se repara si los actuales jefes del ministe­rio público deciden investigarlos y someterlos al debido proceso, para no hacerse cómplices de tan funesta omisión.

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