Inquietante orden contra dos periodistas
Las instrucciones impartidas por una funcionaria del Gobierno para que “búsquenlos y cáiganles encima” a dos periodistas que han criticado la distribución de electrodomésticos del Plan Social de la Presidencia en tiempos de campaña electoral, constituyen una atrevida incitación contra la integridad de esos comunicadores.
La señora Iris Guaba ha admitido que impartió estas instrucciones y ha pedido disculpas, alegando que fueron el producto de un emotivo momento. Más que la excusa, lo que importa ahora es que los destinatarios de su desafortunada orden no osen ejecutarla al pie de la letra.
De todas maneras, su reacción en el mensaje de voz que trascendió en las redes sociales emana hostilidad e intemperancia frente a las opiniones de los periodistas Huchi Lora y Altagracia Salazar, ya que no se trata de una refutación argumental sino de una orden sujeta a muchas interpretaciones, más que nada inquietantes.
Proviniendo de una persona que maneja millones de pesos y toda la logística de distribución de ayudas sociales del Gobierno, hay que imaginar el alcance que podría tener en esbirros que siempre aparecen, como los sicarios del crimen organizado, dispuestos a “caerles encima” a cualquiera, a cambio de pagos o de favores.
En un escenario de pasiones encendidas por las confrontaciones políticas de cara a las elecciones municipales y presidenciales de este año, apelar a este tipo de respuestas frente a críticas de la prensa, por más urticantes que sean, mueven a preocupación y a legítimo repudio.
Hasta la cúpula de la Junta Central Electoral ha mostrado su inquietud por el reparto de estas ayudas a pocos días de los comicios municipales. Y lo ha reiterado ayer al pedirle al Gobierno que considere postergar los operativos de distribución de electrodomésticos y otros materiales y utensilios.
Ya se han visto videos de mercancías selladas por el Plan Social de la Presidencia desviadas desde los camiones de distribución a otros vehículos y viviendas, lo que constituye un trasiego vulgar y sospechoso de que, con tales recursos, se pretende favorecer a los candidatos oficialistas.
Denunciar y protestar por esas prácticas corruptas no es un delito. Por el contrario, es un deber de la ciudadanía poner al descubierto estas operaciones ilícitas y detenerlas.
Como también, es un deber proteger la vida de quienes denuncian y critican, y más que nada la libre expresión del pensamiento, el pilar en que descansa un ejercicio responsable del periodismo y que consagra nuestra Constitución.