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Editorial martes, 07 de enero de 2020

Que no sea rehén de otros poderes

Año tras año, las encuestas de amplia gama que realizan Transparencia Internacional y Latinobarómetro vienen mostrando una gradual pérdida de confianza de los dominicanos en la justicia.

El fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, país que aparece como el segundo con mayor percepción de corrupción en América Latina, lo que constituye un factor influyente en este rango de debilidad de la justicia.

En la medida en que la percepción de la corrupción aumenta, en ese mismo sentido se reflejan las opiniones que tienen los ciudadanos sobre otras instituciones del Estado, lo que da una idea del envilecimiento institucional que sufre el país.

Hoy, Día del Poder Judicial, es ocasión oportuna para que las máximas autoridades de esta vital esfera del Estado se comprometan firmemente a un esfuerzo para rescatar la confianza y la credibilidad en los jueces, fiscales y auxiliares.

Esta confianza ha sufrido grave desmedro en los últimos tiempos, en la medida en que se conocen los casos de venalidad de jueces y fiscales para no llegar hasta el fondo, ni penalizar por supuesto, los actos de corrupción administrativa, los tráficos de drogas, personas y mercancías, o los crímenes y delitos de todo tipo en los que los autores pagan o amenazan para lograr impunidad.

Los gruesos expedientes de corrupción, como el de Odebrecht, representan un serio desafío para la justicia dominicana, que hasta ahora no ha estado a la altura de las de otros países, donde presidentes, expresidentes, altos y exaltos funcionarios y líderes políticos han ido a parar a la cárcel por el delito de recibir sobornos para adjudicar obras públicas bajo licitaciones amañadas.

La justicia dominicana tiene que recobrar su capacidad disuasiva y su capacidad punitiva, para remediar el creciente instinto de muchos ciudadanos a violar las leyes, porque no les temen a las sanciones y porque han comprobado que, en muchos casos, es fácil eludir la cárcel con solo pagar “coimas” a las autoridades.

A la par de recuperar estas capacidades, el sistema debe depurarse y expulsar a sus miembros más corrompidos o carentes de valor e independencia para impartir justicia, de modo que la justicia deje de ser vista, a los ojos de pueblo, como un rehén de otros poderes.