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Tremendo barril de los legisladores

El barrilito legislativo es una ubre de dos pezones; nutrida, robusta y al parecer inagotable, de la que año tras año emanan miles de millones de pesos ordeñados por diputados y senadores para derrocharlos en favores políticos.

En tres años, de acuerdo con una llamada “Autopsia fiscal” elaborada por la organización no gubernamental Oxfam, el barrilito ha servido para repartir cerca de 4,000 millones de pesos entre casi todos los legisladores, quienes los usan a su libre discreción.

Es una especie de botín sagrado a cuya distribución acuden los legisladores, sin importar las banderías partidarias a las que representan en el Congreso, supuestamente para dar habichuelas con dulce en Semana Santa, regalos el Día de las Madres, mochilas en tiempos de clases, féretros a miserables difuntos o pagar recetas de fármacos genéricos a los ciudadanos de sus provincias.

La erogación de los fondos, que extraen de su mismo presupuesto anual, se presenta como una generosa fuente de asistencia social, pero todo el mundo sabe que ese dinero fluye más para alimentar el clientelismo político, no para resolver necesidades humanas y sociales de sus pueblos.

Es un extra sueldo que, a decir verdad, debió tener un mejor propósito. Porque con esos casi cuatro mil millones despilfarrados en tres años pudieron construirse algunos centros de Atención Primaria para responder a las más inmediatas necesidades de servicios de salud de los ciudadanos.

Una vez, en medio de la indignación que produjo a los contribuyentes el saber que existían estas jugosas raciones para el clientelismo político, algunos legisladores decidieron que esos fondos fuesen destinados a los hospitales públicos en los que fue eliminada la “cuota de recuperación”, una especie de pago mínimo impuesto a los pacientes.

La montaña de dinero que representa el barrilito, que ya debería llamarse barrilote por las dimensiones superlativas que ha alcanzado, cumpliría una mejor utilidad si se aplica a resolver las carencias o déficit de centros destinados a la protección y sostenimiento de niños y ancianos.

O si se direccionaran hacia otras instituciones que, faltas de recursos o con poco subsidio oficial, trabajan con las uñas por el bienestar humano o por la feliz convivencia en los barrios marginados, donde se incuban las más penosas desigualdades de la sociedad dominicana.

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