Una fotografía del derroche

El informe financiero acerca de cómo tres partidos politicos emplearon en el 2018 los fondos que les provee la Junta Central Electoral es, mas que nada, un perfecto retrato del derroche de los dineros públicos.

Una auditoría hecha por el movimiento cívico Participación Ciudadana, contiene numerosos aspectos insólitos sobre ese manejo de los recursos, entre ellos uno que incluyó gastos de ocho años atrás, cuando no existía como partido.

Y otro que reporta gastos en fiestas y comilonas para el personal, cuando la ley 33-18 no permite este tipo de desviaciones financieras.

“Hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para ocultar gastos no partidarios, como trabajos políticos, servicios prestados, contribuciones y ayudas y préstams a particulares”, dice el informe de PC, lo cual pone en evidencia que en materia de gastos los partidos no se ajustan a la ley.

Inclusive, la ley consigna que más de 25 millones de pesos de los fondos provistos por el Estado deben aplicarse a la educación política, mediante las escuelas de formación de militantes y dirigentes.

Para este año la ley obliga a destinar el 10 por ciento de los fondos al capítulo de educación y formación política, pero ya podría anticiparse que no ocurrirá así porque ya el 2019 ha trancurrido en medio de una activa agenda electoral que hace difícil abrir agendas para cumplir con este capítulo.

Lo cierto es que la práctica de manejar medalaganariamente los recursos públicos es tan aceptada, cultivada y acomodada a los intereses partidarios, porque no hay régimen de consecuencias para esas indelicadezas.

Esto se confirma en la inveterada costumbre de no presentar informes claros e inobjetables sobre el manejo de los recursos que reciben por ley o por vía de contribuciones, algo que se verá muy claro cuando la Junta Central Electoral difunda los consolidados de gastos que tuvieron que presentar días atrás, al vencerse el plazo de rendir cuentas.

La distorsión se refleja en organismos del Estado manejados por los partidos, como los ayuntamientos, que no reportan a tiempo la ejecución presupuestaria a la Cámara de Cuentas. EDITORIAL