La prensa de México en el filo de la navaja

México está considerado como el país más peligroso de América Latina para el ejercicio del periodismo.

En lo que va de este año han sido asesinados once periodistas y otros 300 se encuentran bajo amenazas directas de muerte, más que nada por denunciar las actividades de los carteles del narcotráfico y los desafueros de los funcionarios públicos.

El nivel de desprotección es tan alto que cada 17 horas se comete algún tipo de agresión contra un periodista, ya sea por medio de ataques físicos, como por actos de intimidación y hostigamiento de género, en su mayoría provenientes de funcionarios municipales, lo que agrava más el estado de inseguridad.

Ante tal panorama, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha resuelto enviar una comisión de alto nivel a México, encabezada por su presidenta, María Elvira Domínguez, para discutir con sus autoridades y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, una estrategia más efectiva para la protección de la vida de los periodistas y la defensa de la libertad de prensa.

Hasta ahora el mecanismo existente para alcanzar estos objetivos es el programa de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos, asumido por el gobierno federal en el 2012, que adolece de fallas, tiene bajo presupuesto y personal y que no ha logrado reducir la vulnerabilidad ni los riesgos que afronta la prensa para desarrollar su trabajo.

El empeño de la SIP es que se fortalezcan las salvaguardas institucionales, que permitan cumplir con las normas de protección y que no haya impunidad frente a los crímenes o atropellos contra los periodistas, ni se siga alentando, desde esferas del Estado, un discurso que estigmatiza la labor de la prensa, lo que en gran medida es un aliciente para más y más agresiones.

Más allá de las agresiones o amenazas, la prensa mexicana se enfrenta también a un complicado entramado de disposiciones legales que limitan la libertad de expresión en algunos estados.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por esta situación de peligrosidad y ha propuesto que se genere un compromiso institucional desde la Presidencia de la República y las gubernaturas estatales, para dar mayor protección y mejorar los mecanismos de prevención de la violencia contra los reporteros y sus medios.

La misión de alto nivel de la SIP reforzará lo que ha sido una línea de acción de reclamo permanente al Estado mexicano para que atienda de forma urgente este panorama de riesgos, que garantice la libertad de expresión e impida que prevalezca la impunidad frente a decenas de asesinatos de periodistas que, en el fondo, conllevan un ataque demoledor contra el sistema democrático.