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Una muerte anunciada

Ella presentía que su esposo la iba a matar. De hecho, lo había intentado hace dos años cuando le infirió siete puñaladas, en su propio hogar y en presencia de sus tres hijas, Y su premonición, fatalmente, se cumplió el pasado viernes cuando el marido la atacó a balazos en un escenario semejante al anterior.

Pese a que Anibel González, la víctima, una joven abogada de 30 años, residente en San Pedro de Macorís, había informado al ministerio público que sentía fuertes temores de una eventual agresión de su esposo, nunca recibió la protección debida. Y por eso hoy ha engrosado la lista de las desafortunadas víctimas de los feminicidios en el país.

El esposo agresor apenas cumplió más de un año de prisión, de los cinco a los que fue condenado, una pena considerada insuficiente para la gravedad de lo que fue un brutal pero fallido intento de homicidio en el 2017.

Sacado de la prisión bajo un acuerdo cuestionable de libertad condicionada, el homicida persistió en sus intimidaciones contra la joven abogada y aprovechó que ésta regresó al país, después de haber cumplido una pasantía diplomática en Washington, para acercarse al hogar y herirla mortalmente de cuatro tiros, frente a sus tres hijas, tras lo cual se suicidó.

La sociedad dominicana ha quedado profundamente consternada, no solo por lo espeluznante del crimen, sino por la decisión complaciente de la justicia al dejarlo libre y por la inacción de esta al no proteger efectivamente la vida de Anibel cuando ella lo pidió, infructuosamente.

Así ha ocurrido con múltiples casos de feminicidios en los que la llamada orden de alejamiento que el ministerio público incluye entre las obligaciones que debe respetar un hombre imputado de agresión a la mujer, no sirve para nada.

Tantas dolorosas experiencias, como esta, hacen imperativo que la justicia revise sus protocolos de prevención y adopte medidas más concretas para hacer cumplir las órdenes de alejamiento y brindar más garantías reales a la vida de las mujeres amenazadas.

Junto con el estado de estupor que ha causado el crimen de una valiosa profesional, así de profundo es el desaliento y la desconfianza que ha provocado la justicia con este torpe proceder frente al clamor de auxilio de Anibel, que terminó ahogado en la propia sangre de su martirio.

La sociedad grita de nuevo su impotencia frente a una justicia cada vez más cuestionada y desacreditada, incapaz de cumplir sus propios roles.

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