Otra prueba para el Constitucional
El Tribunal Constitucional entra hoy, por decisión propia, al estudio y ponderación de los recursos de inconstitucionalidad elevados contra las nuevas leyes Electoral y de Partidos Políticos, en especial las que conciernen al repudiado sistema de “voto de arrastre” de diputados a senadores.
El propio TC se propuso acometer, de lleno, el conocimiento de estos recursos en vista de la proximidad del proceso de primarias abiertas en las que se elegirán miles de candidatos en comicios municipales separados de las presidenciales y congresionales.
No es difícil percibir que se trata de un complejo proceso, porque las reglas del juego son las que figuran en las dos nuevas leyes citadas, objeto ya de varias instancias que las reputan como ‘inconstitucionales’, tanto por distintos partidos políticos como por sectores de la sociedad civil y personalidades de la vida pública.
La responsabilidad del Tribunal Constitucional en este contexto es, pues, decisiva y crucial, de la misma manera en que lo demostró con sus oportunos fallos sobre aspectos que afectaban la libre expresión del pensamiento en la Ley de Partidos.
Entre los recursos que están en estado de fallo figura otra objeción de fondo al artículo de la ley de régimen electoral que penaliza hasta con diez años de prisión los llamados delitos de difamación e injuria contra los candidatos oficializados por la Junta Central Electoral en el momento de la campaña.
Ahora más que nunca es preciso que el TC cumpla nuevamente con su función esencial de protección a la norma constitucional y falle lo antes posible todas las instancias pendientes, incluyendo las que tienen que ver con el “voto de arrastre” de diputados a senadores, así como ante otros aspectos de ambas leyes que, a decir de los expertos, afectan derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
La sociedad espera que, con sus fallos sobre estos recursos, el Tribunal Constitucional deje bien establecido, con claridad, sin lugar a interpretaciones antojadizas, cuáles son las reglas del juego legales y constitucionales que normarán las próximas elecciones del 2020.
Este sería el mejor fundamento de que los comicios se realicen ajustados a normas que garanticen comicios libres, diáfanos y limpios.