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Editorial viernes, 26 de abril de 2019

Espionaje a gran escala

No hay nada que haga sentir tanto estupor a un ciudadano que la violación de su más íntima privacidad, un derecho de primera categoría que consagra el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que lo hace suyo el artículo 44 de nuestra Constitución.

En la normativa universal, vinculante para todos los países suscribientes de esa Declaración, se estipula que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación”.

Nuestra Carta Magna consagra que es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente de conformidad con la ley para proceder a las interceptaciones.

Pese a la vigencia de estos derechos, han comenzado a aflorar en nuestra sociedad las denuncias de interceptaciones telefónicas ilegales a personas que no tienen conflictos graves con la justicia ni constituyen potenciales amenazas a la seguridad nacional, en un claro abuso de poder y de maniqueísmo legal para dar vía franca al fisgoneo de las vidas privadas de miles de ciudadanos.

Blancos favoritos de estas intercepciones telefónicas ilegales suelen ser los periodistas, los empresarios, los políticos y los sacerdotes y pastores, en unos casos para aprovechar las nutridas fuentes de información que manejan y, en otros, como burdo chantaje para intentar doblegar voluntades, para intimidar o para extorsiones de todo tipo.

En un país donde no operan grupos paramilitares organizados, carteles formales del narcotráfico con su ejército de sicarios armados, células del terrorismo internacional; donde no existe un estado de guerra con otra nación o amenazas reales de agresión contra su territorio, no se justifica la avalancha de solicitudes de interceptación de millares de teléfonos, como está ocurriendo ahora.

Pareceríamos como si viviésemos bajo un régimen comunista de control policial, donde los aparatos represivos de la inteligencia olisquean, escuchan y vigilan a los ciudadanos, sin el más mínimo respeto a este derecho de primera categoría que es el derecho a la privacidad, el más recóndito espacio sancta sanctórum que le queda a un ser humano.