La voz de la marcha

Pacífi camente, como todo acto legítimo de expresión popular que la democracia garantiza, millares de ciudadanos levantaron ayer su voz, nuevamente, para reclamar el cese y castigo de la corrupción en la sociedad dominicana.

Ha sido la voz de La Marcha Verde, el movimiento social que ha sintetizado un sentir nacional y lo ha hecho visible y palpable, suscitando vivas adhesiones aún cuando no estén presentes en sus marchas todos los que apoyan la causa.

Lo relevante es que se ha ejercido un derecho al libre y atendible reclamo de que se detengan y castiguen los hechos de corrupción que se engendran en el Estado, una lacra generalizada en el mundo.

La Marcha Verde es el mecanismo de presión que la sociedad ha encontrado para forzar a que se le apliquen torniquetes al robo o distracción de los dineros públicos o a otras formas de favoritismo ofi cial, al margen de las leyes.

El dinero que se escurre entre los concupiscentes es dinero que pudo haber tenido un mejor destino de inversión para subsanar defi ciencias de servicios públicos, para promover empleos y combatir la pobreza.

Aún cuando estos altos propósitos inspiran al ciudadano y los manifiesta a través de las marchas verdes, debe cuidarse el espíritu esencial de este movimiento, para que no lo contaminen los intereses de los partidos políticos, beneficiarios directos, cuando han estado en el poder, de las malversaciones con el erario.

La presión directa de la Marcha Verde se dirige al Gobierno, que es uno de los pilares del Estado dominicano, porque es el que maneja el presupuesto nacional, pero el mensaje se irradia hacia los otros poderes, tan responsables como el primero de la sanidad de los bienes públicos.

Sea cual sea la actitud que asuman estos poderes frente al reclamo que ha capitalizado y promovido la Marcha Verde, mediante sus movimientos pacífi cos, la tarea de enfrentar los males denunciados queda como una impostergable prioridad de esta sociedad, de la que nadie puede mantenerse ajeno ni indiferente.