Prueba de fuego para la justicia
En cuestión de horas, la justicia dominicana se colocará en el umbral de una de sus mayores pruebas de fuego: el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Ante sus estrados habrán de comparecer las personas imputadas de haber recibido sobornos de la empresa brasileña para favorecerla en la concesión de obras de costo millonario realizadas en el país desde hace 14 años.
El mayor delito es el de haber violado varios artículos del Código Penal al prestarse para un tráfico de influencia en la canalización y aprobación de esas concesiones, apañar la sobrevaluación de las obras y recibir sobornos en pago por esas nefastas diligencias.
El Estado dominicano, que ha sido el principal perjudicado con estas maniobras dolosas, está en el deber de hacer valer sus reclamos para la justa indemnización; y la justicia, de su lado, está obligada a dar una ejemplar sanción a los concupiscentes para que no haya impunidad.
Nunca antes la justicia había afrontado un reto de esta magnitud frente a una trama de corrupción internacional que involucra a un grueso número de personas que, por las características del caso, tuvo o tiene una función oficial, por designación o elección, de la cual se valió para comprometer su responsabilidad en el monumental engaño.
La sociedad dominicana ha quedado sumergida en un sentimiento de repudio e indignación frente a las revelaciones, hechas por la misma Odebrecht, de que distribuyó más de 90 millones de dólares en pago de coimas en el país para obtener los derechos de construcción de obras, con el aval de instituciones del gobierno, del Congreso Nacional y el visto bueno de políticos y personajes influyentes.
Descubrir los hilos conductores del monumental fraude y aplicar las fuertes sanciones que se corresponden con la gravedad de este delito, es la responsabilidad suprema que tiene hoy por delante la justicia dominicana.
La sociedad espera que su veredicto se convierta en la primera señal de un castigo y disuasión a las prácticas corruptas desde cualquier esfera, la oficial o la privada, y en un histórico paso hacia la impunidad cero y la mayor transparencia y honradez en el manejo de los dineros públicos y en todo lo que concierne al bien común.
Esa es la esperanza.
Ojalá que la justicia no defraude a la sociedad, como tantas veces ha ocurrido frente a bochornosos actos lesivos que gradualmente han ido minando su credibilidad y confiabilidad.