Puñaladas traperas

En la última reunión del Caricom, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissesar, hizo un ardiente reclamo para que se bloqueara el acceso dominicano a ese esquema de integración regional, en franca condena a la sentencia del Tribunal Constitucional del país sobre la nacionalidad. Cuando hablaba con tal talante, pasó por alto adrede que su país no es un ejemplo de buen trato a los inmigrantes, sean legales o no, al punto de que por esa causa se ha creado ya un ambiente de fricciones con Jamaica, su socio en el Caricom. Resulta cuesta arriba enarbolar un discurso contra la sentencia dominicana, asumida en íntima consonancia con lo que dicta nuestra Constitución, si el ejemplo no acompaña a la prédica. Ha escupido hacia arriba, pues Trinidad y Tobago se ha caracterizado por deportaciones masivas y sistemáticas de jamaiquinos, y en estos días negó la entrada a trece de ellos alegando que podrían constituir “una carga” para el erario de su país. Y todo cuanto ha hecho lo ha justificado en lo que dicen sus leyes que, por lo visto, nada de humanitarias tienen en este caso. ¿Pensó alguna vez la flamante primera ministra en la extraordinaria cantidad de haitianos que entraron ilegalmente y viven y trabajan aquí, constituyendo casi el 90 por ciento de la masa laboral en la agricultura dominicana, como lo ha establecido el Banco Interamericano de Desarrollo, sin estar expuestos a las deportaciones masivas del tipo de las que practica Trinidad y Tobago contra los jamaiquinos y los de otras islas “hermanas”? ¿Y habrá pensado, acaso, en que República Dominicana, país al cual pretende condenar, nunca ha tomado en cuenta la “carga” que representa para su erario la asistencia gratuita de haitianos ilegales en sus hospitales, calculada, a grosso-modo, en 5 mil 300 millones de pesos anuales, a la hora de restringir o regular la entrada de esos extranjeros a su territorio? Cada día se hace más evidente el fondo de maldad y perversidad que acompañan las hipócritas posturas que han asumido algunos países para intentar desconocer el derecho soberano que tiene nuestro país de dictar leyes y sentencias, muchas de ellas más respetuosas y concordantes con la dignidad y los nuevos derechos sociales que las que imperan en aquellas islas. Actuamos de esa manera porque somos una nación en la que impera la democracia, que lucha siempre por la libertad, en todos los sentidos, y porque nuestra idiosincracia la marca la hospitalidad, la solidaridad y la mano abierta para ayudar a otros sin pasar facturas. Y sin dar puñaladas traperas.