El reinado del terror en la ruta de Pizarrete

Con las precariedades que siempre han existido en Pizarrete, una comunidad de Baní, semejantes a las de otras localidades del país, ha resultado difícil que se establezca allí un adecuado y fluido sistema de transportación para los habitantes que quieran ir a las ciudades. Sólo existen siete carros disponibles para traer enfermos a los hospitales de la capital o a personas que quieren hacer diligencias impostergables. Y, como en los antiguos tiempos, esos carros llevan a los usuarios a los lugares y luego los pasan a recoger para retornarlos a Pizarrete. Ningún sindicato de choferes o del transporte brinda un servicio así, de ordinario. Pero sí es capaz de torpedearlo, de impedirlo a toda costa, apelando incluso al uso de armas y de palos. Gentes armadas por esos sindicatos se están apostando en el cruce de salida de Pizarrete en la autopista que va a la capital e impiden que los siete carros, y hasta unos pocos privados que pertenecen a personas que trabajan en Santo Domingo, lleven pasajeros a sus destinos específicos. Esto es una barbaridad, pues en siete carros no pueden transportarse tanta gente como para que un sindicato de autobuses que explota la ruta de Baní a la capital se sienta en el derecho de impedírselo y, más aún, de violar el libre tránsito de las personas, a base de amenazas con armas de fuego o con palizas brutales, que ya se han perpetrado. Este es un caso que aparenta ser aislado o de poca monta. Pero en realidad se da en numerosas localidades pequeñas del país donde el motoconcho cubre las deficiencias. Hay sindicatos que implantan un reinado del terror en “sus” rutas y, como en el caso de Pizarrete, les impiden a unos pocos choferes --que son una tradición de más de cuatro décadas dando ese servicio-- transportar a familiares, amigos y ancianos y enfermos a centros específicos de la capital, un servicio que ninguno de esos gremios ofrece. Las autoridades están en el deber de impedir estos injustificados desmanes de los sindicatos de choferes que, lamentablemente, se perpetran impunemente en perjuicio de unos ciudadanos ajenos a esos conflictos. Hasta esas autoridades han llegado las denuncias formales de estos atropellos. Y se han hecho, hasta ahora, las desentendidas.