Dos graves y macabras amenazas

Dos hechos gravísimos, sofocados a tiempo, pudieron haber echado por la borda toda la organización, pulcritud y legitimidad del pasado proceso electoral. Uno fue el abortado intento de grupos de ex militares, entre los que al parecer había algunos activos, que planificaban alterar con violencia e intimidación el curso normal de las votaciones. Y el otro fue el continuo asedio de los “hackers” para interrumpir y luego distorsionar, en base a recursos tecnológicos, el sistema de trasmisión electrónica de las actas que contenían los resultados de los sufragios. De ambas intentonas burdas e ilegales, malévolas en sí mismas y altamente peligrosas y nocivas contra la democracia, han dado cuenta, con lujos de detalles y pruebas documentales, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, y el comandante de la Policía Militar Electoral, general Napoleón Terrero Figueroa. Curioso resulta que, en el inventario de alegadas anomalías públicamente difundidas, pero carentes de pruebas documentales o verosímiles, ofrecidas para cuestionar la transparencia y legitimidad de ese proceso, no hayan salido a relucir estas, que de seguro no resultaban ajenas al conocimiento de muchos actores claves de esa contienda. Los que mandaron a situar ex militares en plan de originar disturbios y crear miedo, con rumores o con violencia, para forzar la abstención de los electores, o los que sistemáticamente atacaron los sistemas de trasmisión de actas y cómputos, probablemente no sean señalados o sometidos a la justicia por esta criminal conspiración. Pero la sola intencionalidad de hacerlo debe poner a reflexionar a la sociedad sobre las dañinas consecuencias que estas pudieron haber tenido en la médula de nuestro sistema democrático, basado en elecciones libres para lograr la alternabilidad pacifica y legítima en el poder, y más que nada en el orden social e institucional del país si finalmente hubiesen conseguido sus macabros propósitos.