Los “ronderos”

Desde hace tiempo, en varios residenciales de la capital operan vigilantes contratados por los propios vecinos para cuidar sus propiedades ante la avalancha de robos y asaltos sin control que padecían. Se han aplicado diversas formas de prevención, entre ellas las de colocar cámaras de video en lugares estratégicos, organizar logísticas de alarma con pitos u otras señales, fijar barreras para el control del ingreso de vehículos o los ya famosos “ronderos”. En muchos de esos residenciales, el método ha funcionado. Lo mismo que han funcionado los convenios para recoger la basura cuando los camiones municipales no van o para el mejoramiento de otros servicios públicos indispensables. Ha causado alarma que en un sector de San Francisco de Macorís opere una especie de policía privada o “ronderos”, cuyo nombre les viene de las rondas que hacen de noche y de día para evitar que los delincuentes cometan desafueros. Son respuestas, tal vez las únicas y más extremas, que encuentran esos residentes para librarse de la plaga de delincuentes que se han tomado este país para cometer fechorías, en la seguridad de que la ley o la justicia, o la propia autoridad policial, no será un disuasivo para delinquir. No dejan de ser formas de organización “parapolicial” arriesgadas, porque sus actos pueden degenerar en consecuencias peores a las que se procuran o crear bases para una suplantación progresiva de la autoridad legal o formal, que es la que está obligada a garantizar la protección de vidas y propiedades. Para evitar que se generalicen estos grupos y adquieran una autonomía y capacidad de control de sectores es preciso que la Policía refuerce sus unidades, mejore su logística de vigilancia y mantenga un estrecho contacto con todos los vecindarios para responder a estas necesidades de seguridad. Los modelos de barrio seguro han sido probados y, en muchos casos, han contribuido a crear un nexo más cercano y útil entre el pueblo y la policía, sin necesidad de que grupos de civiles armados tengan que usurpar una función que por ley y por razones muy elementales corresponde a la Policía Nacional o a otras entidades de la seguridad ciudadana.