¿Para qué más debates?

Después de más de cinco años de seguimiento y evaluación a los códigos Procesal Penal y del Menor, la sociedad se ha formado una idea de por dónde cojean ambos marcos jurídicos destinados a disuadir y castigar a los delincuentes. Lo que falta ahora es ir directamente a los puntos focales y proponer su reforma ante el Congreso. No se trata de una reforma completa, sino parcial. Que se concentre en aquellos aspectos que, como el de las medidas de coerción y los plazos para reunir las pruebas, así como la reincidencia y el arraigo para fines de libertad condicional, ameritan de un cambio que endurezca las condiciones que hoy lucen concesivas a los delincuentes. Se ha anunciado que el Gobierno promoverá el debate público de estos códigos para luego reunir propuestas que sometería luego al Congreso. Creemos que, independientemente del loable espíritu que motiva esta decisión, ya el asunto está suficientemente debatido y estudiado meticulosamente por los expertos. De hecho, en el pasado fue sometido un proyecto de reforma al Procesal Penal, pero no prosperó finalmente como ley. Tal vez no haya más que agregar a ese proyecto original, salvo uno o dos aspectos sobre los cuales no es necesario abrir un debate interminable y pasar enseguida a dar un cambio en la política anticrimen, en momentos en que el país queda sumido en un estado de inseguridad por la abierta actuación de delincuentes -menores y adultos- que ya no le temen a las leyes ni a sus penalidades, porque las encuentran flexibles, flojas e indulgentes.