Expertos plantean soluciones al lavado de activo, creen la comunicación público privada es clave

A las orillas del mar Caribe, en el Gran Salón del hotel Catalonia en Santo Domingo, inició el séptimo Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, una iniciativa de la Unidad de Análisis Financieros de la República (UAF), en conjunto con el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), que busca llevar soluciones a este flagelo.

En el primer foro de reunión, las cuales se extenderán hasta el miércoles, se produjo un intercambio de ideas entre los expertos William Rondón, investigador criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos; además de la presencia de Sarah Roa, directora legal de la Superintendencia del Mercado de Valores; y Yulianna Ramón, subgerente de Regulación e Investigación de la Superintendencia de Bancos.

La exposición fue moderada por Aileen Guzmán, la Directora General de la UAF, que también estuvo a cargo de las palabras de bienvenida. En el desarrollo de los ejes temáticos, la conversación giró en cómo masificar la relación de las entidades público-privadas ayuda a prevenir, siguiendo a la inversión en tecnologías, y sin olvidar la elaboración de investigaciones sopesadas en un mundo que demanda rapidez.

“Yo creo que esa comunicación entre las empresas públicas y privadas es primordial, porque mayormente creemos que es el gobierno quien lo sabe todo, pero como vemos recientemente en casos de índole de prevención de lavado de dinero, son los bancos, las instituciones financieras y no financieras las que primero ven el crimen”, dijo Rondón en el primero de sus chances al micrófono.

De la misma manera, invita a reforzar las medidas de controles iniciales que toman las instituciones, buscando tener soluciones que lleven a reportar cada irregularidad identificada, donde luego entraría la posición del Estado como responsable de la regulación a través de normativas.

“Yo creo que es importante que, para cualquier país, institución o entidad, sus propios controles son la primera línea de defensa, lo que significa que casi siempre es la institución quien ve primero a esa persona que está trayendo plata correspondiente a una operación ilícita, y entonces le corresponde tener los controles adecuados para reportarlo”, puntualizó Rondón.

En el caso específico de la Superintendencia del Mercado de Valores, la directora legal de la entidad compartió las técnicas de cautela utilizadas antes de denunciar comportamientos de lavado. No se apegan a la velocidad, sino que el objetivo es dar con un proceso donde no queden cabos sueltos, revisando los aumentos o inyecciones de capitales que puedan crear sospechas de un entramado.

“La superintendencia realiza verificaciones del beneficiario final de estas instituciones que deseen ingresar al mercado de valores, también en ocasión de un aumento de capital o inyección, pues nosotros hacemos una depuración de quienes son las personas beneficiarias finales y eso lo realizamos en todos los aspectos de los participantes de cualquier naturaleza, incluyendo los fideicomisos de oferta pública”, reveló Sarah Roa.

La funcionaria recomendó tratar con calma estos procesos, a pesar de tratarse de un mercado que involucra rapidez en las transacciones. No obstante, dice que de sus obligaciones están fijadas en organizar una verificación minuciosa de quién está detrás de un movimiento, procurando que en ningún caso se involucren personas no idóneas.