Fiscalizaciones de la DGA alcanzan RD$2,393 millones en 2023
Uno de los segmentos donde se ha establecido, tanto a nivel local como internacional, un alto riesgo a la subvaluación de mercancías en sus distintas formas, son las importaciones asiáticas, principalmente las que tienen como origen a China
Fiscalizaciones.
Las fiscalizaciones con posterioridad a los despachos de importaciones que llegan al país, realizadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), al cierre del año 2023, ascendieron a RD$2,393,016,342.
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, dijo que estas fiscalizaciones tienen un gran impacto para el comercio legítimo que se realiza en el país.
“Estamos creando una cultura de formalidad”, dijo Sanz Lovatón, al dar a conocer la información.
Uno de los segmentos donde se ha establecido, tanto a nivel local como internacional, un alto riesgo a la subvaluación de mercancías en sus distintas formas, son las importaciones asiáticas, principalmente las que tienen como origen a China.
Las fiscalizaciones a posterior han incrementado durante los últimos tres años, con relación a los tres años anteriores a su gestión, puesto que en 2017 las fiscalizaciones representaron RD$1,466 millones; en 2018, RD$1,869 millones y en 2019, RD$1,727 millones.
Mientras que en 2021 se obtuvieron unos RD$1,616 millones; en 2022, RD$1,934 y en 2023, RD$2,393 millones.
De cara a la sensibilización del segmento de importadores asiáticos, la DGA en coordinación con la Embajada de China ha desarrollado conversatorios con el sector para dar a conocer las normativas vigentes.
La DGA ha estado alertando a las administraciones aduaneras para la revisión de contenedores de mercancías con valores inferiores a los de referencia, o de cualquier otra alerta generada por los indicadores del Motor de Riesgo (MOR), sistema mejorado en octubre de 2021 que analiza 158 indicadores dinámicos.
Gracias a esas alertas, durante el 2023, fueron reinspeccionados más de 3,300 contenedores con valores de mercancías que, al ser referenciados, arrojaron una diferencia de más de mil millones de pesos en impuestos por encima al valor que declararon originalmente, tras la aplicación de un proceso de duda razonable al valor declarado.