Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Suscribete

colaboración

Acuerdan formar a jueces, fiscales y procuradores

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expresó su orgullo por los tres años de gestión, destacando la colaboración constante con las instituciones públicas para alcanzar la Ley de Aduanas y sus reglamentos.

Los titulares de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio Público (MP) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) firmaron el acuerdo.

Los titulares de la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio Público (MP) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) firmaron el acuerdo.

La Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio Público (MP) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) firmaron ayer un acuerdo para realizar el “Diplomado de formación y actualización sobre el Régimen Jurídico de Aduanas”, dirigido a jueces, fiscales y procuradores.

El diplomado tiene como objetivo capacitar a jueces, fiscales y procuradores en régimen y tributación aduanera, para así aumentar la capacidad, comprensión y aplicación de las leyes aduaneras, a fin de crear un clima jurídico, seguro y atractivo para inversionistas.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expresó su orgullo por los tres años de gestión, destacando la colaboración constante con las instituciones públicas para alcanzar la Ley de Aduanas y sus reglamentos, además de promover la cultura de cumplimiento en el sistema aduanero. “Estar aquí firmando un documento con Miriam Germán, quien es un ejemplo de dignidad, sacrificio, de trabajo, y es la prueba viva de que se puede pasar 50 años en el sector público sin que nadie ni nada pueda objetar ese trabajo”, manifestó Lovatón.

Procuradora

Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, destacó la importancia de este diplomado, ya que proporciona a los actores del sistema de justicia un conocimiento completo de la normativa aduanera actual para proceder correctamente.

Además, subrayó que las infracciones a la Ley de Aduanas representan un atentado contra el bienestar de toda la población, porque les priva de recursos que pueden ser empleados para mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad en general. “Y por eso es muy bueno tener un aparato judicial que conozca la dimensión de este asunto y que aplique correctamente la norma. Así se le pone coto al desarrollo de redes mafiosas que tienen por especialidad delinquir en esta área”, dijo Germán Brito.