Gobierno busca arreglo con los Estados Unidos
Ministros. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, liderará el equipo del gobierno que tratará de lograr un acuerdo con Estados Unidos para volver a exportar azúcar del Central Romana.
El Central Romana afirma que ha mejorado las condiciones laborales de sus empleados y paga buenos salarios.
El gobierno dominicano decidió buscar una solución a través del diálogo para tratar de que Estados Unidos revoque la decisión de impedir la entrada de azúcar producida por el Central Romana, para lo que colocó al ministro de Trabajo para liderar el equipo negociador.
El vocero del gobierno de Luis Abinader, Homero Figueroa, dijo que por la parte dominicana se ha designado a los ministros de Trabajo, Luis Miguel de Camps; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, para tratar de entablar el diálogo con las autoridades de Estados Unidos.
Figueroa, quien es director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, considera que las presentes autoridades entienden que “trabajando juntos se restaurará la armonía que caracteriza la historia entrelazada de Estados Unidos y República Dominicana”.
Entre estas medidas, el Gobierno decidió designar al Ministerio de Trabajo como responsable de liderar junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio el seguimiento al tema.
Asimismo, el gobierno se propone acompañar al Central Romana Corporation durante el plan de acción que ejecutará para solicitar la revocación de la medida y programar intercambios periódicos con las autoridades norteamericanas correspondientes.
Del mismo modo, mantener un flujo informativo continuo sobre el avance del proceso.
“Entendemos que la decisión de suspender las importaciones a los Estados Unidos de azúcar producido por el Central Romana no tiene que ver con el papel del gobierno dominicano; pero como afecta la imagen internacional y la economía del país, tenemos que involucrarnos. Queremos hacerlo de forma constructiva”, precisó Figueroa en una declaración escrita.
Recientemente, Estados Unidos ordenó detener en sus puertos los embarques de azúcar del Central Romana Corporation, por supuestos trabajos forzosos y otras presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores de esa empresa.
Central Romana reclama
El Central Romana Corporation pidió a la Cámara Americana de Comercio salir en su defensa ante los señalamientos de los representantes del gobierno estadounidense sobre el alegado trabajo forzoso de sus obreros y la violación de cinco indicadores.
A través de un comunicado dirigido al presidente de ese gremio, Roberto Herrera, la empresa solicitó hacer lo propio y apoyar de forma pública a esta empresa azucarera tomando en cuenta su trayectoria y ética de negocios.
Además, mediante esa misiva, la compañía aprovechó para responder cada una de las acusaciones que hicieran los Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), así como destacar sus acciones como empresa responsable, desde hace más de un siglo.
La primera observación es sobre “abuso de vulnerabilidad”, donde expresa que a ningún trabajador o independiente suyo le impiden trasladarse a otros lugares.
Comunicaron que las zonas agrícolas de Central Romana que podrían quedar alejadas de aquellos espacios urbanos de La Romana se encuentran a escasos kilómetros, y que de todos modos, las comunidades cañeras están rodeadas de pequeños poblados de fácil acceso.
Al comentar sobre la “retención de salarios”, aseguró que esto es falso, en vista de que el cobro de los salarios en esa compañía es uno de los mayores atractivos para sus trabajadores del campo, donde se le paga de manera puntual, en efectivo y sin “retener un solo centavo de lo que pertenece al empleado, tanto de sus ganancias como de los incentivos y bonificaciones”.
Subrayaron que sus cortadores de caña ganan en promedio RD$622.97 diarios, lo que los coloca un 55% más alto al salario mínimo del sector agrícola en una jornada de ocho horas.
En tanto las “condiciones de trabajo y vida abusivas”, que advierte el informe de la CBP, el Central Romana dijo que cada año invierten US$2 millones en los programas de reparación y mantenimiento de comunidades agrícolas.