Ley extinción de dominio: Bancos piden garantizar seguridad jurídica sobre derecho real, personal o de cualquier otra naturaleza

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró que la inclusión en la Constitución de una Ley de extinción de dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos constituye una importante herramienta para que el Estado pueda atacar estructuras económicas delictivas más allá del proceso penal.

Pese a mostrar su total apoyo a la promulgación de la ordenanza, la entidad realizó a través de un comunicado de prensa algunas observaciones que considera necesarias para su eficiente aplicación.

En ese sentido, el gremio destacó la importancia de garantizar la seguridad jurídica sobre el derecho real, personal o de cualquier otra naturaleza que, de buena fe, posea registrado un tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio.

La ABA resaltó también que es imperante “delimitar la diligencia que debe agotar el adquiriente de buena fe pues, conforme se propone en los proyectos de ley, se pretende exigir a los terceros que su buena fe y diligencia se despliegue no sólo sobre los bienes que adquirirá, sino también respecto de la historia y condiciones de la persona de quien se adquiere”.

Según el gremio bancario, esta obligación obstruye e imposibilita la realización de las operaciones, y también impone cargas irracionales a los adquirientes de buena fe, desbordando el alcance de sus deberes constitucionales.

La Asociación de Bancos Múltiples recomendó en el comunicado delimitar los tipos penales que podrán servir de base para un juicio de extinción de dominio.

En ese orden, consideró que debe consignarse que sea sancionado con pena de prisión aquella conducta tipificada como delito o crimen según la legislación penal vigente en la República Dominicana al momento de su ocurrencia.

El gremio bancario remitió este documento con sus observaciones al senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión Bicameral que estudia los tres proyectos de Ley sobre Juicio de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos.