República Dominicana se ubica entre los tres países de la región con políticas más ineficaces ante el monopolio
República Dominicana se ubica junto a Haití y Venezuela entre los países de América Latina y el Caribe (ALC) con políticas más ineficaces para garantizar una competencia justa, según consta en el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estos tres países fueron los que obtuvieron las peores puntuaciones en la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial en el período 2017-2018, reseña el informe.
Haití es el país con la peor puntuación (2.0), convirtiéndose en la nación con la peor calificación del mundo; en el segundo lugar se coloca Venezuela, con 2.2; y en el tercero República Dominicana, con 2.4.
A estos le siguen, con las peores puntuaciones, Nicaragua, Paraguay, Argentina. Las mejores calificaciones las obtuvieron Chile, Panamá, Jamaica y Brasil. En términos generales el promedio de América Latina “es un mediocre 3.3”, señala el informe.
“En su mayoría, las políticas antimonopolio no garantizan la competencia justa en ALC”, indica
El estudio establece que a pesar de progresos en las tres últimas décadas en la creación de la legislación antimonopolio y en el perfeccionamiento de su fiscalización, todavía queda mucho camino por recorrer.
Explica que a menudo las agencias carecen de las facultades necesarias para investigar y no son capaces de contener los abusos del poder de mercado y la cartelización mediante multas y sanciones.
Agrega que la mayoría de las entidades carece de personal suficiente en número y experticia.
“El poder político empresarial es con frecuencia responsable de la debilidad de la política de competencia. La existencia y eficacia de las leyes y organismos de competencia no son exógenas al poder político empresarial. La historia del sector de las comunicaciones constituye un poderoso ejemplo”, indica el estudio publicado recientemente.
Establece asimismo que en algunos países las grandes empresas han encontrado formas de utilizar los tribunales y otras provisiones legales para obtener mandatos en contra de la aplicación de medidas antimonopolio.