Acuerdan impulsar derechos de los consumidores en Villa Consuelo
Acuerdan desarrollar una serie de acciones que contemplan jornadas educativas
La Unión Dominicana de Protección al Consumidor (UDPC), la Asociación de Comerciantes e Importadores de Villa Consuelo y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), mediante un acuerdo-compromiso se unieron para fortalecer y seguir impulsando los derechos de las personas consumidoras y los deberes de los proveedores en el sector de Villa Consuelo.
El objetivo central de esta alianza entre instituciones es la de educar y orientar tanto a los consumidores como representantes de la actividad comercial, sobre el conocimiento y cumplimiento de sus derechos y deberes acorde a sus respectivas calidades en el mercado de bienes y servicios.
En un encuentro para los fines, Rafael Peguero, secretario general de la UDPC, indicó que esta alianza permitirá crear mecanismos de monitoreo y seguimiento a los dueños de los comercios asentados en este sector, ya que día a día se les advertirá el debido cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones como proveedores de cara a los consumidores.
Asimismo, con los comunitarios se contemplará una serie de jornadas en la zona, para orientarlos sobre sus derechos como consumidores, de que deben recibir una información clara, precisa y con las garantías debidas de los productos que adquieran.
De su lado Mario Chabebe, presidente de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Villa Consuelo, destacó que este acuerdo es un paso importante para la transparencia, la participación ciudadana y al buen desarrollo económico y social de Villa Consuelo que constituye ser la principal arteria comercial del Gran Santo Domingo.
Mientras que Anina Del Castillo, directora ejecutiva de Pro Consumidor, valoró esta iniciativa que busca seguir creando canales de protección al consumidor y fortaleciendo las buenas prácticas comerciales en los proveedores.
Indicó que la Ley 358-05 de Protección al Consumidor establece un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garanticen la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores de bienes y usuarios de servicios de la forma más favorable para el consumidor.