Comisión de veeduría identificó compras irregulares que involucraban más de mil millones
Los procesos fueron declarados desiertos y cancelados
La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 creada para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones realizados bajo el esquema de emergencia identificó procesos irregulares que involucraban un monto superior a los RD$1,000 millones.
Por la gestión de la comisión y de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) los procesos fueron declarados desiertos y cancelados, según establecen los veedores en su informe final con fecha del 16 de julio.
“Nosotros paramos o alertamos de más de mil millones de compras irregulares que logramos identificar. Yo tuve que ver con varios de los procesos que al final fueron cancelados”, destacó el representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Manuel Luna, coordinador de la comisión.
El informe precisa que los procesos declarados desiertos y cancelados representaban un 14% del presupuesto programado.
Recomendaciones
Ante las irregularidades detectadas, la comisión recomienda que se cree un observatorio permanente operado por el sector privado con participación del sector público para vigilar las compras y contrataciones públicas.
Luna explicó que harán este planteamiento a la Unión Europea (UE) a ver si pueden conseguir los fondos que se necesitan o sino los buscarían entre los sectores público y privado.
Luna destacó que luego de que las instituciones públicas sintieron que estaban siendo observadas y se dieron cuenta de que los procesos se le estaban cayendo o parando, hubo un cambio en su comportamiento.
Por eso los miembros de la comisión consideran que debe haber un observatorio permanente.
El Observatorio de Contratación Pública integraría a expertos, profesionales y académicos interesados en la contratación pública; identificaría nuevas formas para continuar facilitando el acceso de los proveedores al mercado público; promovería la profesionalización del personal que trabaja en esta área; entre otros aspectos.
Otras recomendaciones tienen que ver con el desarrollo de un marco normativo que sirva de soporte al seguimiento y garantía de los principios de economía, transparencia y competencia en la contratación pública; y con la disposición y utilización de las informaciones sobre los procesos.
La comisión recomienda conformar un equipo interdisciplinario de gestión de información que opere en forma permanente y retroalimente internamente a las unidades de la DGCP y demás organismos.
También propone formalizar un mecanismo para la difusión de las informaciones hacia las instituciones incluyendo actividades de gestión del conocimiento a través de la sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas, de tal forma que estas puedan conocerlas y aplicarlas.
Sobre la comisión
Mediante el decreto Núm. 145-20 del 5 de abril de 2020 el presidente Danilo Medina creó la Comisión de Veeduría frente al COVID-19 ante los recientes escándalos que se habían producido sobre irregularidades en los procesos de compras y contrataciones de emergencia.
La comisión la integraron Manuel Luna Sued, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Luz Estrella, representante de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme); José A. Gautreau, representante de la Iglesia Católica; Lorenzo Mota King, representante de la Iglesia Evangélica y Persio Maldonado, representante de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y contó con el apoyo de un equipo técnico.
Los integrantes se reunían tres veces a la semana o, según la necesidad, vía una plataforma digital de comunicación. Los veedores también se comunicaban con los técnicos por correo electrónico y por un grupo de WhatsApp.
Además se mantenían en contacto continuamente con los representantes el Ministerio de la Presidencia y la DGCP, quienes debían atender cualquier requerimiento de la comisión.
Luna destacó que el Ministerio colaboró en dar las informaciones y que desde que se detectaba algo inmediatamente mandaba a parar el proceso en la institución involucrada.