Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Suscribete

SEGURIDAD SOCIAL

Perú permite retirar el 25 % de fondos de pensiones por COVID-19

El Congreso de Perú aprobó que los trabajadores peruanos puedan retirar hasta el 25 % del dinero que tienen en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un tope de 12,900 soles (unos 3,685 dólares), como parte de las medidas para afrontar la epidemia de coronavirus en el país. La medida fue aprobada al filo de la medianoche de este viernes, tras un debate de más de cinco horas, con 104 votos a favor y 7 en contra del pleno del Congreso, que celebró una inédita reunión plenaria en la que las bancadas ingresaron por grupos al hemiciclo para mantener las medidas de seguridad ante la epidemia. La norma fue aceptada a pesar de la posición en contra del Gobierno del presidente Martín Vizcarra, quien ahora tendrá un plazo máximo de 15 días para promulgarla o devolverla con observaciones para que el Legislativo decida si la modifica u ordena que entre en vigencia por insistencia. Detalles de la norma El proyecto de ley establece que, una vez que entre en vigencia, las AFP deberán entregar el 50 % del monto solicitado por los trabajadores a los 10 días de presentada la solicitud, y el otro 50 % 30 días después de ese primer desembolso. La ley permite a los afiliados retirar hasta el 25 % de sus fondos, con un mínimo equivalente a 1 unidad impositiva tributaria (4,300 soles o 1,228 dólares) y un máximo de 3 unidades (12,900 soles o 3,685 dólares). Agrega que si el afiliado tiene menos de una unidad impositiva tributaria en su fondo podrá retirar el total de su dinero "y en una sola oportunidad". Modificaciones Durante el debate de la norma, que contó con el apoyo de todas las bancadas del Congreso salvo la del centrista Partido Morado, se estableció que todos los afiliados a las AFP podrán acogerse a ella, incluso los que han sido incluidos en una disposición del Ejecutivo que permitió retirar hasta 2.000 soles (unos 571 dólares) a los que no aportan desde hace un mínimo de seis meses. Se estableció, además, que no se derogará ni suspenderá ninguna otra norma relacionada con el retiro total o parcial de los fondos de las AFP, como la que permite a los afiliados usar hasta el 25 % de sus aportes para comprar una vivienda o retirar el 95 % de su fondo por jubilación anticipada si están desempleados. También se incluyó una disposición que declaró "de necesidad pública" la reforma de los sistemas público y privado de pensiones, una posición que ya adelantó esta semana el presidente Vizcarra. Posición del Gobierno El gobierno peruano autorizó esta semana el retiro de un total de 4,500 millones de soles (1,285 millones de dólares) de las cuentas de las AFP como una medida para dar liquidez a las familias durante el confinamiento obligatorio por la COVID-19. Vizcarra explicó que ese retiro extraordinario está dirigido especialmente a tres millones de personas, la mitad del total nacional, que dejaron de cotizar en sus fondos de pensiones desde hace seis meses por estar desempleados. El Ejecutivo se mostró, sin embargo, en contra del proyecto del Congreso, que también fue rechazado por los gestores de los fondos provisionales, así como por muchos economistas y analistas, por considerar que puede generar distorsiones en el sistema financiero del país en plena crisis por el coronavirus. Reforma de AFP Vizcarra admitió, sin embargo, que el sistema privado de pensiones necesita de una urgente reforma en su país por el malestar que genera su funcionamiento en los ciudadanos. "Las AFP han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza. Intereses, comisiones que han sido abusivas y que ameritan una reforma integral del sistema... Hagámosla", señaló el presidente. La ministra de Economía, María Antonieta Alva, agregó que el sistema privado "en su integridad tiene fallas" y que trabajarán con el Legislativo para reformarlo, pero dijo que retirar el 25 % de los fondos equivaldría a sacar entre 38.000 y 42.000 millones de soles (10.800 a 12.000 millones de dólares), que dificultarían la capacidad del Tesoro Público para financiar operaciones.