Advierten daño de aprobar sin consenso Ley de Ordenamiento

“Una Ley que regule el ordenamiento territorial debe ser un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario, ofreciendo a los diferentes actores la posibilidad de presentar sus propuestas, de debatir, porque en el territorio estamos todos. Un territorio pensado para la calidad de vida, pero también un territorio pensado para la competitividad productiva, de modo que se constituya en un modelo territorial local, regional y nacional sostenible, coherente y articulado”, explicó Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Almánzar indicó que se requiere hacer los ajustes necesarios para evitar consecuencias institucionales no deseadas como afectar el derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica en el país.

“Es necesario establecer, de manera clara y expresa, la protección a la propiedad privada y los derechos adquiridos, con el objetivo de garantizar también la seguridad jurídica en República Dominicana”, enfatizó la vicepresidenta de la AIRD.

Afirmó que la AIRD ha sido siempre abanderada de la necesidad de un Estado regulador fuerte, pero la construcción de regulaciones vía leyes y reglamentos debe contemplar los múltiples intereses y sectores. En el caso de una Ley de Ordenamiento Territorial deben respetarse los lineamientos establecidos en la Constitución y, además, convertirse en una oportunidad de generar un mayor bienestar para todos.

Llamó a todos los actores afectados, “que es lo mismo que decir que casi todo el mundo”, a tomar conciencia de los riesgos que implica aprobar una ley que no toma en cuenta los elementos señalados y que se elabore al margen de la participación de los diversos sectores.