TRIBUNA ABIERTA
Regulación para los derechos y el desarrollo
República Dominicana es una isla. Pero no puede ser una isla digital. La revolución digital nos permite precisamente conectar sin límites a nuestra gente con las oportunidades que ella entrega. Pero para ello necesitamos reglas que protejan los derechos de las personas y estimulen a las empresas a invertir y entregar buen servicio. Esa es la tarea del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Ese el sentido de las mesas técnicas de protección al usuario y de regulación que hemos inaugurado en días recientes.
La velocidad del desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento está transformando como nunca antes la forma en que vivimos. Y esto impacta directamente en cómo nos organizamos, producimos, comerciamos, entregamos servicios a la población y fortalecemos la democracia y la participación ciudadana.
La inteligencia artificial, el internet de las cosas, las redes 5G son mucho más que desarrollos tecnológicos. Son la ruta para mejorar sustantivamente la calidad de la educación, permitir el acceso a medicina de especialidad, elevar la productividad de nuestras pequeñas empresas y conectarlas con el mundo, elevar la transparencia de la gestión pública.
La revolución digital impone también desafíos enormes. La automatización del trabajo exige contar con sistemas educacionales que no sólo aseguren alfabetización digital, sino también preparen para la formación continua.
Capturar las ventajas de la digitalización demanda de nuestros empresarios, grandes y pequeños, formación de capital humano, adaptabilidad tecnológica, comprensión de las formas a través de las cuales se produce y comercia en esta cuarta revolución industrial.
Hacer de este proceso una oportunidad para todos los dominicanos, no sólo para algunos, exige del Estado desarrollar infraestructura digital, facilitar el acceso a ella, formar a las personas para su uso.
República Dominicana ha sido parte de este esfuerzo. República Digital es precisamente el conjunto de instrumentos que el presidente Danilo Medina ha propuesto para avanzar en la inserción del país en la revolución digital. En estos días el presidente Medina ha ido más lejos y ha establecido para la administración del Estado la obligación de evaluar las cargas regulatorias que imponemos a la economía y la sociedad. Es decir, en línea con lo que hemos venido debatiendo reguladores de todo el mundo en diversos foros de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, las autoridades del sector debemos crear competencias para someter de manera permanente nuestra regulación a una evaluación de su efectividad y sus costos.
Para responder a ese desafío Indotel ha convocado, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a las principales empresas de telefonía móvil e internet del país a un diálogo regulatorio en materia de derechos de los usuarios y de regulación. Buscamos en un plazo no superior a los 60 días mejorar los procedimientos a través de los cuales se protegen los derechos de los usuarios, así como identificar las reglas que deben ser corregidas o creadas para estimular la inversión y garantizar el acceso universal a las tecnologías digitales. A la cooperación del PNUD hemos agregado el apoyo del Centro de Gobierno, Empresa y Sociedad (CEGES) de la Universidad Intec, así como de destacados consultores nacionales e internacionales.
Estoy convencido que así como para proteger los derechos de los usuarios necesitamos de un Indotel firme y eficiente, las mejores reglas sólo pueden nacer de un diálogo inteligente con la industria y la sociedad. Las buenas prácticas internacionales en regulación nos enseñan precisamente que las mejores reglas surgen de la capacidad de desarrollar sintonía fina con las necesidades de las personas, las exigencias del mercado y las posibilidades de la tecnología.
Ese es el sentido de este diálogo regulatorio que hemos iniciado y cuyos resultados pronto estarán a la vista: contar con una regulación de telecomunicaciones que proteja derechos y contribuya a avanzar por el camino de un desarrollo inclusivo para todos los dominicanos.