Informe sugiere doblar planes contra el hambre

Santo Domingo.- República Dominicana ha incrementado los esfuerzos por mitigar el hambre, lo cual denota un creciente interés por resolver la problemática, pero las estrategias implementadas no han tenido los resultados esperados porque las políticas públicas diseñadas para contrarrestar la desnutrición operan con dispersión institucional, notándose la ausencia de funciones claramente delimitadas entre la coordinación y la ejecución, así como de un presupuesto que las haga sostenibles. Así lo plantea el informe “Avances en el derecho a la alimentación”, que realizó la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (ALCSH), el cual recomienda desarrollar un plan nacional contra el hambre de carácter integral e institucional a fin de establecer políticas y programa con un presupuesto definido que garantice que los pobres puedan acceder a los alimentos necesarios para su subsistencia. El informe de la ALCSH, que contó con el respaldo financiero de la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), considera necesario introducir reformas constitucionales que favorezcan y regulen el derecho a la alimentación. Estos cambios, señala, tiene que formar parte de un consenso entre la sociedad civil y el Estado, atendiendo a que dicha legislación sea el producto de un compromiso entre los diferentes sectores de la sociedad dominicana. PrioridadEl estudio, que fue un pedido de Action Aid, una organización internacional que lucha contra la pobreza en todo el mundo, establece como prioritario apoyar a los productores de alimentos con nuevas políticas en el campo, aplicando una reforma agraria integral. Indica que estas políticas deben promover medidas legales y administrativas orientadas a brindar apoyo financiero, tecnológico y productivo al sector agropecuario, con especial atención a los pequeños y medianos productores. El informe considera preciso que el Congreso apruebe el anteproyecto de ley que propone la creación del Instituto de Reforma Agraria y Desarrollo Social, así como la iniciativa legislativa que pretende crear la Secretaría de Estado de Seguridad Alimentaria, instancia que podría coordinar las acciones para frenar el hambre en el país. “Es necesario establecer una instancia de conducción nacional para dar impulso a la seguridad alimentaria. Se sugiere activar el Consejo de Seguridad Alimentaria creado en el 2008”, señala. Ante la problemática que vive el país respecto a la falta de un pleno y adecuado acceso a los alimentos y a un salario digno, recomienda que el Gobierno, con el apoyo del Poder Legislativo, diseñe una política salarial tanto del sector público como privado para enfrentar el alto costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de la población. Asamblea ConstituyenteSugiere que en la Asamblea Constituyente se discuta la problemática del hambre en el país para que pueda ser incluido, en caso de aprobarse una nueva Constitución dominicana, en el artículo 41 y 50 del proyecto de ley constitucional. “El rol de la sociedad civil ha sido importante, por lo cual sería positivo disminuir la dispersión de organizaciones para que sea posible la elaboración de una plataforma programática desde la ciudadanía que articule y priorice la soberanía alimentaria. El informe destaca que en el país existen ya instancias cuya función debería se la organización de los programas sociales y de seguridad alimentaria, tales como el Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición y el Gabinete Social de la Presidencia, las cuales se podrían fortalecer con mayor participación de la sociedad civil y menor duplicidad de funciones. CINCO PAÍSES FUERON ESTUDIADOSPUBLICACIÓN REGIONAL: La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (ALCSH) presentó cinco informes sobre los avances en el derecho a la alimentación en Colombia, Honduras, México, República Dominicana y Panamá, como parte de los esfuerzos que realiza la entidad para mejorar la comprensión sobre el problema del hambre en la región. Los informes, que fueron realizados por diversas organizaciones y fundaciones vinculadas a la promoción del derecho a la alimentación, describen la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en cada uno de los países mencionados, enumerando y analizando los avances para hacerlo operativo y entregando recomendaciones prácticas a nivel legal, institucional y operativo sobre cómo avanzar en la realización de este derecho.