Independencia y eficiencia parasalvaguardar los recursos públicos

En la República Dominicana ni tenemos mecanismos de controles eficientes para salvaguardar el buen uso de los recursos públicos, ni tampoco gozamos de instituciones de persecución del delito capaz de enfrentar la corrupción política.

Tanto el Ministerio Público como la Contraloría y la Cámara de Cuentas no cumplen con la ley ni la constitución porque están secuestradas.

Si bien es cierto que en todo proceso de fiscalización de los recursos del estado se deben respetar los secretos de la investigación para no entorpecer la marcha de la misma también es cierto que los datos finales de todas las auditorías deben informarse al gobierno, a la opinión pública y a la justicia.

Dejar las auditorías por discreción en el área del gobierno es negarle a los contribuyentes el derecho que tienen a saber de cómo se manejan los recursos públicos y negarle a la justicia el de cumplir con su deber de actuar contra los responsables de usufructuar los recursos del estado.

Cuando los organismos de fiscalización amparándose en razones administrativas o legales no publican las auditorías las convierten en piezas de las conveniencias políticas y la institución falta a su papel moral de contribuir a fortalecer la transparencia de las instituciones del Estado.

Hasta el día de hoy hay cientos de auditorías realizadas a las instituciones del Estado la mayoría de las cuales han revelado un manejo inadecuado de recursos pero se han manejado para no afectar intereses.

De igual manera hay decenas de sometimientos judiciales contra supuestos depredadores del Estado que por el mismo manejo político se percibe que si no los archiva el ministerio público, lo hace el poder judicial.

Lamentablemente, los organismos auditores de los recursos del Estado así como también de persecución siguen siendo manejados no como unos instrumentos de persecución y de fiscalización, sino como medios políticos.

Una mala práctica gubernamental que nos obliga a exigir su independencia para hacer que estos mecanismos sean más confiables, imparciales y justos.