El voto preferencial
La debilidad de la democracia no se resuelve con menos democracia, como se pretende hacer desde sectores de las cúpulas partidarias que quieren aprovechar la reforma a la Ley Electoral para eliminar el voto preferencial con el argumento de que ese modelo fomenta el clientelismo y que el dinero prevalece sobre las propuestas y la idoneidad de los candidatos, además de que provoca una especie de canibalismo fratricida por la competencia entre miembros un mismo partido por posiciones electivas.
Quienes se sitúan en contra del voto preferencial arguyen que ese modelo también es proclive a facilitar el fraude porque los candidatos pueden pagar a los delegados para que en el escrutinio modifi quen las actas o marquen boletas donde el votante no haya expresado preferencia por ninguno de los diputados, lo que al mismo tiempo difi culta el escrutinio y el trabajo de los centros de votación y consecuentemente de las Juntas Municipales y de la Junta Central Electoral. Todo eso puede ser cierto… Se trata de cuestiones que por años han debilitado a los partidos y deteriorado la calidad de los funcionarios electos y hasta la credibilidad de los órganos electorales. Por tanto, en medio de la discusión de una reforma al sistema electoral, lo relativo al voto preferencial debe ser parte central del debate.
Pero la solución no puede implicar un retroceso, sino aprovechar la coyuntura para perfeccionar el modelo.
Es necesario eliminar el arrastre para que los votantes elijan directamente a sus representantes. Para ello hay que separar los niveles de votación de forma tal que las candidaturas de senadores y diputados y de alcaldes y regidores se encuentren en boletas diferentes.
Lo ideal sería establecer circunscripciones uninominales, es decir, que cuente con un solo representante; para eso la nueva ley electoral debe crear distritos electorales tanto para diputado como para regidores donde los partidos presenten un solo candidato y de esa forma el votante elegiría directamente su representante en el Congreso y ante los gobiernos locales.
Pero si por conveniencias políticas o por falta de voluntad las dirigencias partidarias no pudieran consensuar la creación de distritos electorales, entonces que al menos los diputados y los regidores sean electos de acuerdo a quien obtenga la mayor cantidad de votos independientemente del partido que los postule.
En el modelo actual el voto por la boleta del partido defi ne la cantidad de representantes que obtiene cada agrupación en una demarcación determinada, y bajo ese sistema es posible ---y ha sucedido--- que el candidato más votado no sea electo debido a que el partido que lo postuló no alcanzó los votos necesarios para alcanzar en la repartición que asigna el Método D’Hondt, lo que constituye una distorsión que altera la intención del votante y resta legitimidad a la elección. El sistema de voto preferencial en República Dominicana es perfectible, pero aún con sus defi ciencias es infi nitamente mejor y ofrece mayor legitimidad que el sistema de listas cerradas que prevaleció durante la mayor parte del siglo pasado.
Por eso es de lamentar que existan voces sugiriendo revocar el actual modelo… Y lo que es peor, que desde la propia Junta Central Electoral se haya pedido que la elección de regidores, supuesta producirse mediante el voto preferencial a partir del 2020, continúe bajo el actual modelo de listas cerradas argumentando las difi cultades que provocaría aplicar esa modalidad en ese nivel de elección… Un criterio absolutamente equivocado, porque además de que las elecciones municipales en el 2020 se llevarán a cabo tres meses antes que las nacionales y las legislativas ---y por tanto serán incluso menos complicadas que las pasadas---, no podemos pensar en resolver este tipo de problemas sobre la base de restar atribuciones a los votantes.
Lo que mandan las circunstancias es que la JCE se aboque a trabajar en mejorar la operatividad del voto preferencial, dotar el proceso de transparencia con la aplicación de herramientas tecnológicas que garanticen que la votación exprese fi elmente la intención del electorado, y que el Congreso dote al país de leyes que otorguen al órgano electoral las herramientas que le permitan garantizar elecciones limpias, transparentes, objetivas y equitativas como ordena el articulo 211 de la Constitución.
Los problemas que generan la democracia solo se resuelven con más democracia… Y los partidos políticos no tienen derecho a sustraer de la sociedad su capacidad de decidir directamente quiénes son sus representantes sobre la base de sus propias debilidades o para mantener los privilegios de los que disfrutan.