En la semana, la salud ganó terreno
La semana dejó, en salubridad pública y seguridad social, resultados halagüeños.
Primero: reveló el celo oficial, político, ciudadano y mediático ante las amenazas a la salud colectiva derivadas del conflicto entre los operadores del vertedero de Duquesa y los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, por cuya causa se arriesga la garantía del saneamiento urbano.
Las intervenciones de los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, de los congresistas, los médicos infectólogos y de las vías respiratorias y de la opinión pública fueron destacadas y pertinentes. Declaraciones, acciones y editoriales activaron una vigilancia que se tradujo en barrera y alto.
La unidad de intereses coordinó a diferentes sectores, los hizo marchar tras el objetivo común en un tema que, como la salud colectiva, acarrea altos riesgos para todos y lo hace por igual.
Ojalá que ante futuras amenazas al bien público todos los sectores y la ciudadanía repitan esta experiencia de defensa y salvaguarda común y que en casos como este el Estado obligue a los ayuntamientos a cumplir sus responsabilidades con Duquesa.
Se comprueba empíricamente que ante lo socialmente denigrante (basura) la sociedad dominicana aprende a empoderarse, formando bloques multisectoriales imbatibles por la fuerza poderosa de la convicción en la primacía del bien común como expresión de lo idóneo y la justicia.
Le sigue el plan para vacunar a 190 mil niñas en las escuelas públicas contra los papilomavirus humanos (PVH) causantes de los cánceres cervicouterinos (CCU.)
Preguntamos: ¿hay mejor destino para los fondos del 4% a la educación y las acciones de salud pública que hacer de escuelas ámbitos de aprendizaje, formación, inspiradores, inocuos y seguros?
Las escuelas y colegios poseen la más amplia red de facilidades para realizar las acciones derivadas de las políticas públicas destinadas a la primera infancia, la niñez y la adolescencia.
Escuela y colegios congregan a un segmento poblacional que, como ningún otro, está bajo una protección pública y ciudadana valiosa al pasar gran tiempo de su vigilia en ellos. Las escuelas y los colegios son el líquido amniótico en que crecen y se desarrollan los fetos de la ciudadanía. Que entreguen a la sociedad ciudadanos y ciudadanas formados, capaces, educados y sanos es un paradigma socio-educativos garante de mayor certeza en esa añorada prosperidad futurista.
Es de celebrar óen vigilia y reclamoó que las niñas sean liberadas del riesgo de contraer CCU. Según la OMS, estas patologías de transmisión sexual han sido asociadas a los cánceres de ano, vulva, vagina y pene. El cáncer CCU es el segundo tipo de cáncer más frecuente en mujeres de países menos desarrollados; en 2012 representó el 84% de los nuevos casos mundiales de cánceres al registrar 445 mil nuevos casos y produjo 270 mil muertes de mujeres. De estas, más del 85% ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos.
Realizar esta iniciativa de Salud Pública y el Ministerio de Educación ampliará la oportunidad de vida de las futuras mujeres y madres; incidirá positivamente en este indicador de salud. Más que ello, garantizaría mejor calidad de vida a ese segmento poblacional. Será una acción de alto valor humano cuya pronta puesta en práctica es de obligada vigilancia y reclamo colectivos.
El otro protagonista es la ARS Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con un acto justiciero: el acuerdo con el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip). Mediante este SeNaSa cederá su derecho a pagar facturas por consultas, diagnósticos e internamientos provenientes sólo de los médicos, clínicas y laboratorios de su red de Prestadores de Servicios de Salud (PDSS) para pagar a todos, aunque provengan de PDSS externos a su red.
Este acto que apunta a la despolitización de la salud, formalizará la cesión, por parte de SeNaSa, de las prerrogativas que la Ley 87-01 le confiere en sus literales “c” y “d” del artículo 148 y “b” y “c” del 159. Según estas, las ARS y SeNaSa coordinarán su red de PDSS, los contratarán y les pagarán, esto es a médicos, clínicas y laboratorios.
Tales literales configuran un derecho a favor de las ARS y SeNaSa que es controversial por contradictorio, ilegal e inconstitucional porque: a) contravienen los derechos de los afiliados al SDSS a escoger a sus PDSS, según establece el 3er párrafo del artículo 4 de dicha Ley; b) viola el derecho constitucional al trabajo (Constitución, acápites 1 y 2 del artículo 62) e impide que los médicos, laboratorios y clínicas ejerzan su obligación de “Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades” (Constitución, acápite 9 del artículo 75 del título IV), entre otros... Recordemos que el concepto “Estado” incluye al sector privado.
En el marco del proyecto de Reforma a la Ley 87-01, la acción de SeNaSa envía un mensaje claro al legislador y a la sociedad: con una administración, operaciones y controles eficientes y activos el pago de facturas a los PDSS óde la red o noó no constituye problema, pues el dinero es de los afiliados.
Finalmente, se puso de manifiesto el estado de incremento y sistematización de la vigilancia y controles sanitarios en desarrollo en Salud Pública: a) con la clausura del Centro de Atención Primaria Dr. Mateo Morillo en el sector Los Frailes II por haberse vencido su permiso de habilitación y b) con el decomiso de 3,900 litros de leche cruda en Puerto Plata, luego de haber incautado 5 mil litros en La Altagracia por la misma causa: contener preservantes no autorizados. Grano a grano, la esperanza de una mejor salud se está llenando el buche.