El pasado jueves la Procuraduría General de la República anunció que recibió 30 millones de dólares de la fi rma brasileña Odebrecht, como parte de un acuerdo confi - dencial en el que ésta se comprometió en un plazo de ocho años a pagar 184 millones de dólares como multa (sanción penal) por sobornos entregados a funcionarios públicos dominicanos en un período de 14 años por 92 millones de dólares.

La sociedad dominicana no ha salido de su asombro al empezar a conocer los alcances de este “acuerdo confi dencial”, mediante el cual el Estado dominicano le permite a Odebrecht, no sólo mantener los contratos multimillonarios vigentes, sino levantarle la inhabilitación para que pueda seguir participando en las licitaciones ofi ciales como si nada hubiera ocurrido.

No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que la fi rma Odebrecht ha hecho “el negocio del siglo” con el acuerdo confi dencial con el Ministerio Público, y pretende pagar la multa de 184 millones en un plazo de ocho años, sin intereses, con las mismas cubicaciones de pago del Estado dominicano de sus contratos vigentes y los que pueda obtener en el futuro frente al Estado dominicano.