El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció el pasado viernes en la tarde que la firma constructora Odebrecht había llegado a un acuerdo para devolver al Estado dominicano la suma de 184 millones de dólares, equivalente al doble de los sobornos que admitió ante la justicia norteamericana haber incurrido para favorecerse de decisiones de funcionarios públicos criollos, desde el 2001 hasta el 2014, en la licitación de obras estatales.

El arreglo económico con Odebrecht debe ser analizado en dos vertientes: la primera, desde el punto de vista penal de sus ejecutivos y de los funcionarios sobornados; y el segundo, desde el punto de vista económico, en cuanto a si el resarcimiento acordado a favor del Estado guarda proporción con el dinero que le fue defraudado en los crímenes confesados por la empresa brasileña.

Desde el punto de vista penal, si el Estado dominicano le recibiera un solo centavo a la firma Odebrecht, sin condicionarla y exigirle la identificación de los funcionarios dominicanos sobornados, se estaría haciendo cómplice de los crímenes y delitos que está llamado a perseguir. Cualquier arreglo económico con Odebrecht por parte del Estado dominicano tiene que contener como condición sine qua non, no sólo la identificación de los sobornados, sino la colaboración para recabar de la empresa brasileña toda la documentación probatoria (transferencia de fondos, fecha, etc.).