La tragedia que conmocionó al país la semana pasada con el asesinato del alcalde de Santo Domingo Este, el amigo Juan de los Santos, de su guardaespaldas Archie de Jesús Medina, y el posterior suicidio de su ejecutor, Luis Esmerlin Feliz Féliz, pudo ser evitada si el Congreso Nacional hubiera cumplido con su deber y obligación de aprobar, como le sugirió el Tribunal Constitucional hace más de dos años, la ley que regula el uso obligatorio de la Fuerza Pública en los embargos y ejecuciones judiciales.

La entrevista que le diera a distintos medios de comunicación la viuda del asesino suicida, xx, reveló que en el proceso de ejecución que se llevara a cabo en su contra en su residencia, actuó una turba ajena al proceso legal, en ausencia de la Fuerza Pública que, conforme a la decisión definitiva del Tribunal Constitucional, no puede ser otorgada por el Ministerio Público.

El que ha ejercido como yo la profesión de abogado por varias décadas tiene conocimiento cabal de que una de las reacciones típicas de los afectados directos por embargos y ejecuciones hechos de la forma en que se ejecutó contra los bienes del señor Luis Esmerlin Feliz Féliz, es precisamente el impulso violento de la ira suicida y asesina. He visto muchos casos de personas pacíficas, sin antecedentes de violencia, convertirse en verdaderas fieras en contra de quienes entienden que con las ejecuciones de este tipo le han humillado a su familia y a su persona ante la sociedad. Son momentos en que se pierde la razón y toda conciencia de raciocinio, sobreviniendo la tragedia.