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Hizo falta un ejemplo

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Luis Encarnación PimentelSanto Domingo

Nunca podría estar de acuerdo con que un comunicador o un medio sean objeto de persecución, y mucho menos de una condena judicial, por informar y decir la verdad, que es lo que ocurre cuando se ejerce la función de manera profesional, responsable y seria. Pero jamás podría celebrar que, al amparo de una libertad de expresión de la que muchas veces se abusa, y detrás de la que se escudan intereses políticos y de toda naturaleza para difamar y dañar, se permita que se asesinen honras y reputaciones personales, sin que haya sanción ni reparación alguna.

Como los deberes, los derechos ciudadanos son de doble vía, y la sociedad -responsable del equilibrio y de aplicar reglas de juego para la sana convivencia- tiene que estar vigilante y ser garante, para bien de todos. A simple vista, en el caso -innecesario y gratuito- de Marcos Martínez contra la hoy vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández hubo invento, difamación y desbordamiento perverso, con el objetivo de provocar un daño político. Ahí no se observó ninguna regla de la comunicación ni actuó el comunicador ético, sino el político, que después se declaró un “perseguido” como tal, pese a ser quien “tiró la primera piedra” o provocó la acción de la dama, que solo buscaba una reparación.

Ella hizo bien en acudir a la justicia y mantener la acusación, por lo menos hasta esta primera parte, para sentar un precedente. Aunque haya su decepción, porque es verdad que la sentencia reciente a favor de Martínez es “un incentivo a la difamación”, que se quería evitar que siguiera enseñoreándose. Marcos debió disculparse simplemente con la señora de Fernández y dejar las cosas de ese tamaño, lo que le hubiera engrandecido.

Ahora se descubre que la acusación no fue por “difamación”, que era evidente, sino por “falsificación de documentos”, que fue lo que no se le pudo probar. Ahora bien, el que no fuera el autor no quita el que los documentos no fueran falsos, por lo dicho por el Banco, ni el que fueron difamatorios e hicieran daño personal y político. Por lo de comunicador, no por lo de político, creo que fue un error del Ministerio Publico pedir cinco años de prisión.

Más inteligente -en procura de un ejemplo y poner freno al mal uso y abuso en la comunicación- hubiera sido pedir que al acusado se le condenara al pago simbólico de un peso, a un día de prisión (aunque fuera domiciliaria) e impedimento de hacer uso de los medios por un mes. Con eso se habría hecho un gran servicio a favor de Marcos -porque lo aleccionaba, en vez de envalentonarlo-, pero también en beneficio de la sociedad, por momentos indefensa y sin reglas. Consejo: No apelar.

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