La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un nuevo ataque contra la República Dominicana, utilizando argumentos erróneos, esgrimiendo conceptos falaces y evidenciando un sesgo preocupante que puede seguir erosionando su ya disminuida credibilidad entre los Estados miembros de la OEA.

En su reciente Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, la Comisión Interamericana incluyó a República Dominicana, por vez primera, en el capítulo IV del informe, una especie de “lista negra” de países cuyas violaciones de derechos humanos requieren de una atención y análisis especiales.

Esa lista obedece a cuatro criterios establecidos por la Comisión a partir de 1996, que incluyen, en primer término, violaciones graves de elementos fundamentales e instituciones previstas en la Carta Democrática; en segundo lugar, la suspensión ilegítima del libre ejercicio de los derechos garantizados a través de la declaración de un estado de emergencia o de sitio; tercero, la comisión de violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos; y, en cuarto lugar, la presencia de situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales.