Secuestrados por la minoría
Los casi 10 millones de habitantes de nuestro país viven con su paz y tranquilidad secuestradas por una minoría de bandidos.
Esa es la minoría de delincuentes que han sembrado la zozobra, el miedo y la inseguridad con sus audaces e impiadosas fechorías ante ciudadanos indefensos y ante las mismas autoridades uniformadas, llevando a este país a un estado general de incertidumbre y miedo.
La experiencia de otros países en nuestro mismo continente nos enseña que sus quiebras morales e institucionales tienen relación directa de causa y efecto con la criminalidad.
Allí donde la criminalidad se enseñorea e impone sus propias reglas, ni la justicia, ni el Congreso, ni el gobierno, con todo su aparato represivo, se salvan de sus corrosivos impactos, mucho menos las empresas o actividades productivas que son los pilares de sus economías.
La inversión privada, local o extranjera, se inhibe, esquiva un país así: el turismo decae hasta extinguirse y todo el andamiaje empresarial se resiente en la medida en que la inseguridad empuja a los ciudadanos a sustraerse en sus casas, a andar “chivos” en las calles, desconfiando de todo el mundo, antes que convertirse en víctimas de los que han impuesto el terror.
La situación es tan grave que nada ganamos con desconocerla o minimizarla utilizando estadísticas o interpretaciones de datos. La inseguridad se ha entronizado ya en la mente y el corazón de los ciudadanos y eso lo saben los bandidos que, a cualquier hora, en cualquier lugar, con una sangre fría que hiela el alma, atacan a mansalva a uno, dos, tres o más ciudadanos. Y al día siguiente vuelven a sus andanzas, porque ni siquiera le temen a la justicia.
De ahí que constituya un gesto dramático el llamamiento que hizo ayer el presidente del Tribunal Constitucional para que la justicia “se ponga las pilas” y descargue todas sus energías punitivas contra la minoría de bandidos que nos ha robado la paz.
No hay duda de que estamos en un momento crucial que exige que el Gobierno y todos los sectores responsables de la marcha del país acometan sus esfuerzos para ponerle control y coto a este desborde de la criminalidad, prepotente y presuntuosa, que nos desafía.
La seguridad ciudadana debe ser la política prioritaria, antes que cualquier otra, y no hay que esperar que comience el ciclo del nuevo gobierno.
Tiene que hacerse ya, antes de que sea irremediablemente tarde.