La sentencia del Tribunal Constitucional que anula algunos artículos de la ley 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, es una victoria esplendente para la libertad de prensa en nuestro país.

Y más que para la prensa, es una victoria para todos los ciudadanos cuyos derechos a la libre emisión de sus ideas están taxativamente garantizados por la Constitución y las convenciones internacionales vinculantes.

Lo que ha decidido el Tribunal Constitucional al considerar no conformes con la Carta Magna siete artículos de dicha ley, promulgada el 15 de diciembre de 1962 por el Consejo de Estado, pavimenta la vía para desmantelar por completo otras disposiciones inconstitucionales que aún subsisten en dicha legislación.