Buena atmósfera para evitar un desatino
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados abrió ayer el marco de los debates públicos sobre una reforma al Código Penal que incluiría graves restricciones a la libre expresión del pensamiento, y la atmósfera reinante entre los congresistas alienta las esperanzas de que el Congreso no se aventurará a incurrir en semejante desatino. Las ideas expuestas por diferentes representantes de los medios de comunicación y por juristas conocedores de las leyes de prensa resultaron elocuentes para demostrar, ante la comisión especial, el carácter violatorio a la Constitución y a los tratados internacionales vinculantes de una ampliación de las penalidades al delito de difamación e injuria, entre ellas las penas de cárcel de uno a tres años a todo aquel que emita “cualquier expresión afrentosa, invectiva o que encierre términos de desprecio” contra alguna autoridad del Estado. Los planteamientos fundamentales sirvieron para demostrar que los contenidos de esta reforma contradicen la doctrina proclamada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos, entre ellos el nuestro, que ha ratificado la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos a favor de la despenalización de los delitos de palabra o contra el honor de las personas. En el ánimo de los miembros de la comisión especial congresional está el de producir cambios que actualicen el Código Penal, pero sin lesionar los derechos adquiridos por la ciudadanía en el campo de la libre expresión de las ideas, y por eso las vistas públicas iniciadas ayer prometen convertirse en el espacio adecuado para motivar refl exiones y decisiones que defi nitivamente terminen preservando la capacidad de los ciudadanos y de la prensa para escudriñar, criticar y demandar ejercicios y conductas transparentes a los funcionarios públicos. Confi amos en que la rotunda validez de los argumentos jurídicos expuestos por los defensores de la libertad de expresión se imponga en el curso de estos debates y que el resto de los integrantes de la Cámara de Diputados los acoja como pertinentes y atendibles y le evite a la sociedad un retroceso en esta materia.