Hacia dónde va la economía después de las elecciones
Aproximarse a conocer lo que le espera a la economía dominicana para el año 2025, que sería el primer año completo del nuevo gobierno, resulta de interés. ¿Hacia dónde irá la economía del país?, es una pregunta que muchos se estarán formulando y, naturalmente, también procuran respuestas. Para esta opinión la contesta puede ser resumida en una expresión: ralentización económica, la que sería generada y propagada por un conjunto de factores, en la que entrarían los efectos colaterales, con su contraparte que se constituye en causa de otros problemas.
Conforme al panorama macroeconómico de mediano plazo, las autoridades económicas esperan que el producto interno bruto (PIB) para el 2025 crezca en un 5.0 %, que la tasa de inflación en su punto medio del rango se ubique en un 4.0 % y que la cotización del precio del dólar en promedio del año se coloque en RD$ 62.66.
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Para que la economía dominicana pueda lograr las metas macroeconómicas, en particular la del crecimiento del PIB, deben darse algunas precondiciones que permitan no entorpecer su cumplimiento, como el preservar mínimamente el espacio fiscal, a fin de que no comprometa el gasto de capital, requisito que implica un fuerte desafío, ante la obligación de cumplir con el servicio de la deuda pública en el año 2025, que obliga a erogar RD$ 35,269 millones más que el contemplado en el presupuesto de 2024.
De no cumplirse la previsión del crecimiento económico de 2025, los ingresos fiscales pueden verse comprometido a la baja y ser menor que el previsto, que es de RD$ 1,246,942 millones, lo que agudizaría el déficit fiscal sobre el contemplado, que es de RD$ 237,733 millones y una parte del gasto público, al tiempo que el referido desequilibrio presupuestario empujaría a la inflación al alza, pasando a constituir un elemento de presión para una postura monetaria restrictiva, con su efecto transmisión sobre el precio del dinero bancario y sus implicaciones negativas para la inversión privada, presionando al PIB a un desvío que no favorece el cumplimiento de la meta establecida.
El impacto del no cumplimiento del crecimiento del PIB, puede arrastrar el incumplimiento de la meta de inflación y por esa vía, presionaría hacia el alza al tipo de cambio, con una depreciación del peso más allá del previsto, lo que a su vez generaría un entramado de impactos negativos que abonaría en lo adverso al clima de confianza en los agentes económicos y el público consumidor.
El referido clima también puede complicarse aún más, de resultar electo el actual presidente de la República, ya que su programa de gobierno 2024-28, asume el compromiso de incorporar a los inmigrantes a los planes de desarrollo: “No es posible pensar en un modelo exitoso de desarrollo sin pensar en políticas acertadas para el bienestar y respeto de los derechos de los grupos migratorios que, en su conjunto representan un tercio de la población nacional. En la gestión del cambio 2024-2028, los inmigrantes y la diáspora dominicana serán partícipes directos del modelo de desarrollo nacional”.
El posible escenario de una caída de la economía durante el año 2025, puede afectar a la sostenibilidad de la deuda pública, no solo porque las finanzas públicas se restringen más y amenaza su pago a tiempo y en monto, sino, además, porque el indicador deuda/PIB se elevaría, exponiendo al país a mayores riesgos, al encarecer el costo de nuevos financiamientos y afectar la valoración de los inversionistas.
Por los persistentes déficits fiscales, 3.0 % del PIB, y la continua política de endeudamiento público, que sitúa su saldo a abril de 2024 en US$ 55,201 millones, la economía dominicana tiene compromiso con la comunidad acreedora externas para el año 2025 que asciende a US$ 5,219 millones, superior a la del año 2024 que es de US$ 3,814 millones. El escenario de los compromisos se agrava para el año 2026 porque el servicio de la deuda externa se eleva a US$ 6,522 millones, constituyéndose ambos en el mayor de la historia y en un fuerte desafío para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En cuanto al componente interno del servicio de la deuda, el monto asciende a RD$ 156,022 millones, equivalente a US$ 2,490 millones, para el año 2026 el referido servicio de la deuda se eleva a RD$ 233,346 millones, también equivalente a US$ 3,742 millones.
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Como puede apreciarse, para los próximos dos años 2025/2026, la economía dominicana tiene compromisos para el pago del servicio de la deuda pública por un monto de US$ 7,613 millones y de US$ 10,264 millones, los dos más elevado de la historia del pago de los compromisos con los acreedores.
Retomando el fuerte desafío que tiene el manejo de las finanzas públicas -bajo el supuesto de preservar la reputación como deudor-, la incidencia que tendrá sobre el manejo presupuestario es enorme, escenario que puede complicarse ante el anuncio de promover una modificación constitucional de ganar las elecciones, agregando un factor político al clima económico: “Yo solamente quiero una reforma para el Ministerio Publico y también para ponerle lo que se llama un candado a la Constitución. Este presidente que está aquí jamás va a cambiar la Constitución para expandir y extender los términos de las elecciones, Nunca lo hará. Nosotros solamente lo haremos para esos aspectos que van a hacer fortalecer la institucionalidad”.
No resulta descabellado anticipar que la intención de modificar la Constitución traería complicaciones al ámbito político, ante el hecho de que, en la actual coyuntura electoral, la oposición ha estado denunciando la compra de algunos dirigentes, ingrediente que lacera la posibilidad de consensos políticos, requerido en toda decisión que implique legitimización por parte de los actores. Incluso, aspiraciones menores como la de un pacto fiscal y eléctrico, su camino no queda allanado, por no ver más allá de la coyuntura, en perjuicio de un favorable equilibrio frente a decisiones de transcendencias.
El curso que puede transitar la economía dominicana en los próximos 2 años, puede tener características pedregosas que impidan o dificulten resolver la nueva situación fiscal a la que se enfrentará el gobierno que surja a partir de agosto de 2024, con capacidad de ralentizar a la economía de tal manera que su desempeño sea menor que su potencial.